MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los insultos y las faltas de respeto a los profesores de la Comunidad de Madrid han crecido un 7 por ciento durante los seis primeros meses del presente curso escolar respecto al anterior, un problema al que según, el Defensor del Profesor del sindicato ANPE Madrid, se enfrenta el 19 por ciento de los docentes que acuden a este servicio.
Durante el pasado curso, los insultos y amenazas al profesorado se situaron en un 12 por ciento entre los problemas de los profesores mientras que las agresiones de alumnos se situaron en un 8 por ciento. En el caso de los primeros seis meses del curso 2008-2009, el 16 por ciento de los profesores denuncia conductas agresivas hacia los alumnos y hacia ellos mismos.
Según explicó la Defensora del Profesor, Inmaculada Suárez, los alumnos que mantienen conductas agresivas con los profesores "las hacen extensivas al resto de los compañeros de clase, a los que les llegan a agredir, los amedrentan, tanto física como psicológicamente, y les someten a acoso".
En este sentido, señaló que hay dos cuestiones que les "están dando alas" a este tipo de alumnado, ya que por un lado, se están dando cuenta de que sus conductas "no tienen consecuencias", y, por otro, "los padres les defienden". Algunos de ellos, explicó Suárez, llegan a decir que si el "chico tira la mesa por la ventana, son cosas de críos".
Además, en la misma dirección, los profesores denuncian que son los propios padres los que en ocasiones animan a sus hijos a no cumplir con la normativa del centro cuando estos son sancionados. En este punto, la Defensora del Profesor señaló que algunas familias justifican el comportamiento de sus hijos hacia otros alumnos en el 'Algo habrá hecho para que mi hijo haga eso".
Otro de los problemas que han aumentado en la primera mitad de este curso es el relativo a las grabaciones y fotos publicadas en Internet, pues el año pasado suponía el 6 por ciento de los problemas y ahora "se han duplicado", con un 12 por ciento de los problemas planteados por los docentes, añadió Suárez.
Los problemas con los que se encuentran los profesores en Internet tienen que ver con el atentado a su honor, con amenazas y con infundios. "En algunos casos les acusan de ser pederastas, acosadores o de que están con unos o con otros", señaló, al tiempo que explicó que los problemas en general, se dan más en los medios rurales que en los urbanos.
""En los pueblos más pequeños hay más facilidad para las agresiones porque todos se conocen y viven en el mismo lugar en el que trabajan", explicó Suárez, quien apostilló que se dan casos en los que los docentes sufren pintadas en las fachadas de sus casas, agresiones mientras se están tomando algo en un bar o ataques a sus coches.
Por el contrario, las denuncias de los padres descienden de un 24 a un 19 por ciento, y el acoso y las amenazas de los alumnos también pasan del 17 al 13 por ciento. Además, también manifiestan tener problemas con la Dirección derivados de otro tipo de situaciones (19 por ciento), acoso de compañeros (5 por ciento), presión para modificar notas (3 por ciento) o agresiones de los padres (2 por ciento).
CASI EL 50 POR CIENTO CON ANSIEDAD
Según los mismos datos estadísticos, durante los seis primeros meses del curso (de septiembre a febrero), el Defensor del Profesor ha recibido llamadas de 1.378 profesores de una plantilla de docentes de casi 47.000 profesionales que hay en la Comunidad. De ellos, más de la mitad (52 por ciento) son de Secundaria.
Por su parte, el 33 por ciento son profesores de Primaria; el 8 por ciento, de Infantil; el 3 por ciento, de ciclos formativos; el 2 por ciento, de Adultos, y el 1 por ciento de Escuelas Oficiales de Idiomas.
De los profesores que llaman con problemas, casi la mitad (el 47 por ciento) presenta ansiedad, el 21 por ciento está con depresión y el 15 por ciento, con una baja laboral. No obstante, muchos de ellos acompañan varios estados anímicos. Es decir, pueden estar con ansiedad y baja laboral a la vez.
Además, de todos los profesores que llaman, el 30 por ciento manifiesta falta de apoyo por parte de la Dirección y el 10 por ciento ausencia de respaldo por parte de la Administración educativa. Por todo ello, explicó la Defensora del Profesor, los profesores tienen una sensación de "impotencia" y "cansancio" de no poder desarrollar su actividad, y solicitan una ley que les proteja.
AUTORIDAD PÚBLICA DEL PROFESOR
Ante esta situación, el presidente de ANPE Madrid, Fernando Jiménez, ha destacado la importancia de que en la Comunidad, exista la autoridad pública del profesor para que no sufran este tipo de agresiones con tanta frecuencia o al menos "insultar no salga gratis".
De esta manera, destacó la necesidad de esta condiciones haciendo referencia a dos casos concretos en los que unos padres tuvieron que pagar 120 euros y 180 euros respectivamente por pegar una bofetada e insultar a un profesor y a un director.
Uno de los asesores jurídicos del sindicato, Enrique Álvarez, explicó que esta condición de autoridad pública del profesor permitiría al docente tener la presunción de veracidad "y la carga de la prueba correría a cargo del alumno o padres, lo que evitarían careos muy incómodos", y además, cualquier agresión se tipificaría como "delito de atentado".
Precisamente, en el Código Penal se establece como delitos de atentado aquellas agresiones que reciba la autoridad pública, que en Educación sólo es considerado como tal el inspector; los agentes de autoridad (las fuerzas de orden público) y los funcionarios públicos. Además, se considera agresión desde un puñetazo, al empleo de la fuerza, la intimidación y la resistencia.
Si los profesores estuvieran reconocidos como autoridad pública, cuando se encontraran en alguna de esta situación, sus agresores podrían hacer frente a penas de entre 2 y 4 años. "Nosotros lo que queremos hacer es disuadir a los que realizan estas agresiones y que agredir no salga gratis", apostilló.
Por ello, trabajan para que se reconozca esta autoridad y partiendo de una enmienda que se aprobó en el Consejo Escolar, la Consejería de Educación está estudiando sus peticiones. Así, solicitan que se modifique el Decreto por el que se establece el marco regulado de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad y se incluya una cláusula en la que se recoja que el profesor tiene autoridad pública.
También, a nivel de Estado, la Ley Orgánica de Educación (LOE), sólo recoge a los inspectores como autoridad pública, y aunque está legislación ya está más que aprobada, el Estatuto del Docente "sigue coleando" y consideran que se podría incluir también esta condición.
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