IU asegura que Gallardón debe más de la mitad de las facturas por prestación de servicios sociales

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado este domingo que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, debe más de la mitad de las facturas por prestación de servicios sociales, ha informado IU en un comunicado.

La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Milagros Hernández, ha mostrado su preocupación "por una insolvencia municipal que genera inestabilidad y que puede contribuir a la reducción del empleo y a la pérdida de calidad de estos servicios".

"Que el Ayuntamiento de Madrid paga tarde, mal y quién sabe si nunca de seguir así no es un secreto. Sin embargo, hay servicios más sensibles por beneficiar a las personas más vulnerables en los que estas deudas amenazan con generar gravísimos problemas", ha indicado.

Hernández ha recordado que "en fechas recientes se solucionó in extremis un conflicto con una empresa que anunció que dejaba de pagar a sus trabajadores si el Consistorio no hacía lo propio con ella".

En concreto, según los propios datos de la Secretaría General Técnica de la Concejalía aportados a petición de IU en la última Comisión, a fecha 15 de noviembre, de los 93,7 millones de euros facturados por empresas y entidades sólo se han pagado 43,2.

"Es decir queda pendiente el 53 por ciento con una demora media de cinco meses, siempre atendiendo a los datos oficiales", ha recalcado Hernández.

En este escenario, Hernández ha mostrado su preocupación "por una insolvencia municipal que genera inestabilidad y puede contribuir a la reducción de empleo y a la pérdida de calidad en la prestación de estos servicios".

La concejala ha apuntado que, hasta ahora, "la situación se ha ido salvando por la responsabilidad de todos, especialmente trabajadores y pequeñas empresas, pero si se mantiene las consecuencias pueden ser graves".

Además, ha recordado que el ICO liberó un crédito de 286 millones de euros para pagar a un total de 523 proveedores y 2.259 facturas. "Este abono se hizo por criterios de antigüedad sin tener en cuenta la prioridad de estos servicios masivamente privatizados en todas la áreas (mayores, personas sin hogar, familia, inmigración, cooperación, igualdad, juventud)", ha concluido.