MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Izquierda Unida ha registrado en la Asamblea de Madrid una moción en la que insta al Gobierno de Esperanza Aguirre a incrementar las dotaciones presupuestarias dedicadas a educación en un 15 por ciento durante los dos próximos años, y a que ese aumento de recursos revierta íntegramente en la enseñanza pública.
La moción, que será debatida el próximo jueves por el Pleno de la Cámara, pide al Ejecutivo autonómico que "cumpla con los compromisos firmados" en el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, que ha llevado a seis sindicatos de la región a convocar una huelga para el próximo día 10.
El portavoz de Educación de IU, Jorge García, pedirá al Gobierno de Aguirre que "cumpla y desarrolle todos los objetivos y las medidas" recogidos tanto en este pacto como en el Acuerdo Social para la Mejora de la Calidad y el Empleo en el sector de la enseñanza de la Comunidad de Madrid. Ambos compromisos fueron firmados por la Administración autonómica y los sindicatos en marzo de 2005 y tienen vigencia hasta el año 2008.
Dentro de los principales aspectos de estos dos acuerdos, la coalición destaca la necesidad de actualizar la normativa de admisión para "alcanzar la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa en todos los centros sostenidos con fondos públicos", así como la puesta en marcha de "un plan de atención preferente en la ESO y otro para la mejora de la convivencia escolar".
De igual modo, IU reclama la paralización de "cualquier cesión de suelo público para la construcción de centros educativos privados" y pide al Gobierno regional que cumpla su compromiso de construir 85 escuelas infantiles, 60 colegios públicos de educación infantil y primaria y 15 institutos de educación secundaria.
PARALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE NIVEL
En relación con el examen de nivel que realizarán el próximo día 10 los alumnos de sexto de primaria, la coalición exige al consejero de Educación, Luis Peral, que "paralice la realización de cualquier tipo de prueba que no reúna garantías mínimas de rigor en su diseño, elaboración y evaluación".
En este sentido, recuerda que la Ley Orgánica de Educación recoge que la Administración "no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros".
