IU propone que se expropien las viviendas que no estén ocupadas durante seis meses consecutivos

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

IU ha presentado este viernes la Proposición de Ley Reguladora de Derecho a la Vivienda en Madrid, que defenderán en el pleno de la Asamblea de Madrid, y que aboga por expropiar viviendas vacías, si no han sido ocupadas en seis meses, con el fin de facilitar a todos los madrileños "el derecho a una vivienda digna".

El portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha presentado esta medida en la Cámara autonómica junto al coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez; la diputada Carmen Villares; el presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, y los secretarios de Política Territorial de CC.OO. y UGT, Raúl Cordero y Susana Huertas, respectivamente.

Eddy Sánchez ha explicado que IU ve la vivienda desde la "óptica de la función social y no como un activo financiero" y ha asegurado que esta propuesta es "la primera muestra" de que IU es "una alternativa de gobierno".

"Es la primera señal del Gobierno alternativo que queremos construir en torno a IU", que formará el "futuro gobierno de la Comunidad de Madrid" y que tendrá una "manera diferente de hacer las cosas".

En cuanto a la norma, ha explicado que se llevará a cabo la expropiación de la vivienda si lleva seis meses deshabitada, y si no se accede, se impondrán multas.

Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no haya suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros. Esto es, cuando el consumo de agua sea inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes o 2,47 metros al año y en la electricidad inferior a 24 kw por vivienda y mes o 291 kw al año.

Una vez comprobado se iniciará un procedimiento, que llevará a cabo la Consejería correspondiente, para informar a las personas interesadas, que tendrán un periodo de diez días para presentar las alegaciones oportunas. Si no se presentasen, se dictará acuerdo con las medidas de fomento ofrecidas para facilitar el arrendamiento de la vivienda.

La proposición incluye la creación de un registro de viviendas deshabitadas, que deberá crearse en el plazo de dos meses tras la aprobación de la ley, así como la puesta en marcha de medidas para favorecer el alquiler de los inmuebles que pasa por subvenciones para propietarios y arrendatarios y entidades intermediarias.

Además, se fomentarán medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupación, el aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas, además de otros incentivos fiscales que contribuyan a la ocupación.

Sánchez ha explicado que, con el fin de que cumpla lo acordado en la ley, habrá un Plan de Inspección, que tendrá una vigencia máxima de dos años, y que, en el caso de que haya incumplimientos, se establecerán sanciones de hasta 3.000 euros (leves), 6.000 euros (graves) y 9.000 euros (muy graves). En ningún caso la sanción será inferior a los 1.000 euros.

"Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador se ingresarán en el patrimonio público de suelo de la Administración actuante para su destino, con carácter finalista, a la financiación de políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda", ha detallado.

La PROPL incluye una moratoria en la que se indica que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el IVIMA está obligado a ofrecer a las familias afectadas por procesos de desahucio de viviendas del patrimonio del instituto una solución alternativa de realojo o la continuidad en la misma vivienda considerando las necesidades de la familia.

Asimismo, se tendrá en cuenta su capacidad de pago, en su caso, de una renta mensual de alquiler, que en ningún caso superará un tercio de los ingresos de la familia.

Además, la disposición adicional novena se refiere a la expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social. La expropiación será por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.

Por su parte, el portavoz de IU en la Cámara autonómica, Gregorio Gordo, ha considerado que esta norma pone de manifiesto que IU es "la única alternativa a las políticas de empobrecimiento generalizado" que está llevando a cabo el PP en la Comunidad de Madrid y se ha opuesto a las medidas que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, que ha tildado de "chapuza".

LA VIVIENDA, "UN DERECHO"

Por parte de UGT, Susana Huertas, ha dicho que es una proposición "muy valiente", ya que "no ha habido ninguna propuesta" para solucionar este "problema social" que hay en la Comunidad de Madrid.

Además, ha defendido que la vivienda pública tiene que basarse en las administraciones públicas y las entidades financieras que han sido rescatadas "deberían servir para los madrileños".

Desde CC.OO, Raúl Cordero, ha defendido el acceso a la vivienda como un derecho y ha considerado que la Administración regional "no puede desentenderse de los problemas" de las personas. Por eso, ha llamado a un consenso alrededor de la vivienda.

Por último, ha tomado la palabra Murgui, quien ha criticado que haya políticas públicas de vivienda "orientados a la beneficencia" cuando hay organismos públicos" que se deberían encargar de ello.

Además, ha criticado que haya viviendas de organismos públicos que estén "acumulando polvo" y mientras tato se estén produciendo desahucios.