Ivima detectó 269 subarriendos, okupaciones o irregularidades en sus viviendas, que terminaron en 116 desahucios en 2009

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) detectó el año pasado un total de 269 situaciones irregularidades en sus viviendas, la mayoría por subarriendos y okupaciones ilegales, que terminaron en 116 desahucios, según el balance hecho público por el gerente de esta institución, José Martínez Páramo.

Durante la presentación de la Memoria del Ivima de 2009, Martínez Páramo ha señalado que el año pasado se aumentaron en un 19 por ciento las inspecciones a los 44.000 inmuebles de su propiedad, una campaña de "tolerancia cero contra el fraude". En total, se realizaron 18.954 visitas, 12.790 de ellas en la capital.

Según explicó, los trabajadores sociales regionales realizan varias inspecciones a cada vivienda, también en fin de semana, para comprobar que los inquilinos beneficiarios de este tipo de viviendas sociales eran los que residían en ellas, además de comprobar el destino y el mantenimiento de los inmuebles, informando de la situación de integración social de los vecinos, y su relación con las juntas administradoras y comunidades de propietarios, así como el cumplimiento del resto de los requisitos.

Por la función social del Instituto y por las difíciles y variadas situaciones sociales que se descubren en las familias que, bajo diferentes títulos, ocupan el patrimonio administrado, se llevan a cabo servicios adicionales a la mera visita de seguimiento, de tal forma que el Instituto informa, asesora y colabora en la integración social de los vecinos en los que se detectan situaciones de conflictividad social, requiriendo, en su caso, el apoyo de otras entidades como Ayuntamientos, organismos, ONG, etc.

De este modo, durante el año 2009, en el marco del seguimiento de inmuebles propiedad del Ivima, se realizaron un total de 18.954 visitas a inmuebles, en el que se detectaron 992 situaciones objeto de estudio y/o seguimiento, que han sido tramitadas según el protocolo correspondiente.

En los casos irregulares detectados, la institución regional inició los procedimientos de recuperación pertinentes con el objeto de poder adjudicar de nuevo la vivienda a un solicitante. De los 269 expedientes iniciados a 31 de diciembre de 2009, se encontraban en tramitación 229, 13 archivados y 27 recuperados. Según la Memoria, se llevaron a cabo 76 desalojos administrativos, 22 lanzamientos civiles por falta de pago, un lanzamiento penal por delito de usurpación, entre otros.

CONFLICTIVIDAD VECINAL EN VALDEBERNARDO

En aquellos casos en los que los titulares de una vivienda del Ivima generan gran conflictividad vecinal y que pese a las advertencias, mediante carta de cesación de actividades molestas que desde el Instituto se le hacen llegar, no mejora su comportamiento, se les propone para que no se les renueve el contrato, siempre y cuando los plazo legales para proceder a la no renovación de contrato lo permitan. Durante el año 2009 se han procedido a notificar 56 no renovaciones de contrato, con su posterior seguimiento para observar si la vivienda ha sido desalojada o no.

Como consecuencia de la detección de casos de carácter social se han activado los mecanismos de derivación a otros organismos especializados en función de la específica situación detectada. En concreto, en 2009, se derivaron diferentes casos de este carácter al Samur Social del Ayuntamiento de Madrid, así como a la Comisión de Tutela del Menor, los Servicios Sociales de Coslada, Leganés, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes y del distrito de Vallecas y Moncloa-Dehesa de la Villa, Tetuán, Carabanchel, San Blas, Moratalaz, entre otros

Por otro lado, durante todo el pasado año, se ha participado en una Mesa de trabajo organizada por la Junta del Distrito de Vicálvaro para intentar buscar soluciones a los problemas y conflictos que se originan en la zona de Valdebernardo. Entre otros participantes se encuentran la Junta Municipal del Distrito (JMD), el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), el Secretariado Gitano, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y Mediadores vecinales.

Así, el Ivima trasladó al Iris todas aquellas quejas y reclamaciones que se detectaron durante las visitas provenientes tanto de los vecinos como de las asociaciones de vecinos referidas a los adjudicatarios tutelados por dicho organismo, con un total de 38 comunicaciones en 2009. Asimismo, se dio traslado de 23 incidencias detectadas en viviendas adjudicadas a otros organismos, asociaciones o ayuntamientos, respecto a conflictividad, viviendas sin ocupar y ocupadas ilegalmente.

MÁS DE MIL CARTAS CON DEBERES DE LOS INQUILINOS

Además de estas actuaciones, el Instituto de la Vivienda de Madrid realizó el año pasado otras de intermediación con el objetivo fundamental de resolver conflictos vecinales y ayudar al entendimiento vecinal, así como denunciar obras inconsentidas y otras irregularidades detectadas. En este punto se notificaron 189 comunicaciones con estos fines durante el 2009.

También se realizaron actuaciones en promociones con distintas problemáticas para ayudar a restablecer el orden, informando a los vecinos de sus derechos y obligaciones, y prestando especial interés en las familias que presentaban algún tipo de conflicto. Se han notificado un total de 1.142 cartas para recordarles cuáles son sus obligaciones y deberes con la comunidad en la que residen. Entre otras actuaciones, el Ivima acudió a algunas reuniones de comunidades o mancomunidades especialmente conflictivas.

El propio director gerente ha mantenido con carácter trimestral reuniones periódicas con asociaciones vecinales, juntas a administradoras y comunidades de propietarios. A ellas también acuden en numerosas ocasiones Alcaldías y Juntas Muncipales, implicadas éstas dos últimas en los problemas de sus vecinos. De este modo, durante el año 2009 se han celebrado más de 300 reuniones con todos estos interlocutores, además de una reunión mensual con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Con todo ello, el Ivima pretende detectar las irregularidades que pudiesen producirse y apoyar a los adjudicatarios para mejorar la convivencia, acercar el Instituto a los vecinos y establecer así una cercanía entre arrendador y arrendatario.