Un juez abre diligencias previas para investigar el presunto fraccionamiento de contratos en Ayuntamiento

Actualizado: lunes, 13 septiembre 2010 20:34

Cita a declarar como testigos, para el día 1, a los responsables de Intervención, Secretaría, Contratación y Tesorería

ARROYOMOLINOS, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero ha citado a declarar a los responsables de los departamentos de Secretaría, Intervención, Tesorería y Contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos para que declaren como testigos en la denuncia que interpuso en 2007 el Partido Socialista contra el alcalde, Juan Velarde (PP), y el equipo de Gobierno por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según ha informado a Europa Press el portavoz del Grupo municipal Socialista, Juan Carlos García.

Según el edil, el juzgado tomará declaración al "cuerpo técnico" del Consistorio el próximo 1 de octubre para determinar la posible comisión de un delito de malversación al "trocearse" presuntamente contratos públicos "millonarios" con el fin de adjudicarse "a dedo" presumiblemente a empresas sin necesidad de publicitar estas convocatorias.

Estas prácticas, según la denuncia de los socialistas, se habrían realizado principalmente entre el periodo 2004 y 2006. Además, Juan Carlos García ha considerado que algunas de estas adjudicaciones se habrían realizado a "empresas vinculadas al PP y miembros del Gobierno".

En este punto, ha explicado que en el decálogo de adjudicaciones de 2004 figura un abono del Ayuntamiento, por importe de 52.000 euros, a la "empresa personal" del ex secretario de Organización del PP y actual concejal popular José Vallejo.

En este caso, según el portavoz de los socialistas, la adjudicación carecería de contrato y contaría, además, con un informe desfavorable de Intervención. García ha apoyado la idea de que el regidor de la localidad, Juan Velarde, debía "conocer" esta situación puesto que algunos abonos se realizaron mediante decreto de Alcaldía.

"Hay claramente un carácter sistemático de burla del control establecido por la Ley de 2005 y por la actual para vulnerar los principios de libre concurrencia", ha manifestado García.

La policía se personó el pasado 9 de agosto en las dependencias municipales para entregar las citaciones a los técnicos del Ayuntamiento.