LEGANÉS, 13 Nov. (EROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha informado de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Leganés ha aplazado "al menos un mes" el desahucio previsto para este martes de una familia numerosa con dos miembros con discapacidad y otro de ellos con 70 años de edad.
La PAH ha asegurado que el juzgado ha comunicado de forma verbal a Jesús, el cabeza de familia, el aplazamiento a raíz de los "escritos presentado a última hora del viernes y a las menciones a las comunicaciones que se estaban iniciando con la ONU".
Según la Plataforma, el Estado español ha comunicado al juzgado que han llegado "las medidas cautelares que solicita el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) del Alto Comisionado de la ONU, pidiendo la paralización del desahucio mientras continúa estudiando y valorando este expediente".
El CDESC también solicitó la paralización de un primer desahucio en Leganés el pasado mes de octubre. Era el caso de una madre con dos hijos, uno de ellos enfermo.
"Nos alegramos por esta noticia, que evita que una familia números con discapacitados de alto grado y al borde de la exclusión social sea desahuciada, aunque la notificación de la nueva fecha de desahucio se realizará a la familia afectada en los próximos días, por lo que la lucha sigue", han apuntado desde la PAH leganense.
FAMILIA NUMEROSA
Este martes estaba previsto el desalojo forzoso del número 26 de la calle Priorato de una familia. Jesús es el arrendatario de una vivienda donde reside toda su familia. En el piso residente sus dos hijos, uno de ellos el otro con una minusvalía del 89 por ciento que le hace "totalmente dependiente" y otro en paro.
También residen en la vivienda la madre de Jesús, de 75 años, y sus dos hermanos, uno de ellos con una minusvalía del 85 por ciento. Los únicos ingresos que entran en la casa son los el único hermano que trabaja.
La PAH ha asegurado que la inmobiliaria les comunicó el pasado mes de abril que les subía el alquiler 200 euros, pasando de pagar 450 a 650 euros para una familia que "está en un claro riesgo de vulnerabilidad social".
