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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid comenzará mañana a juzgar a los responsables de la venta del fármaco anticáncer Bio-Bac, a quienes se acusa de dar "una expectativa irreal" a un total de 2.030 enfermos graves.
El Bio Bac era un fármaco sin autorización sanitaria al que se le atribuían propiedades curativas contra el cáncer, la artrosis o la hepatitis. El producto comenzó a considerarse ilegal a partir de 2002 cuando el Ministerio de Sanidad paralizó su venta.
En el banquillo de los acusados se sentarán Rafael C. P.; Consuelo S. B.; Enrique M.O. y Miguel E. G. por dos delitos contra la salud pública y un delito relativo a los consumidores por el registro, distribución y venta del Bio-Bac.
Este fármaco se puso a disposición del público desde el año 1997 como si fuera un medicamento destinado a la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con síndromes de inmunodeficiencia, autoinmunidad, procesos neoplásicos y enfermedades articulares degenerativas, entre otras.
La venta, según el fiscal, generó un evidente peligro para las personas que lo consumieron, un total de 2030 en toda España, en su mayoría aquejadas de cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.
El principal acusado es Rafael C.P., quien se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y medio de cárcel como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro contra los consumidores y una multa de 295.000 euros.
El caso arrancó en octubre de 2002 con la detención de 23 personas, de las que trece eran médicos. Se les acusaba de vender a enfermos graves este falso fármaco. Al estallar el escándalo, Rafael acusó a Sanidad de estar detrás de lo que consideraba un complot en el que incluía a la industria farmaceútica.
SIN AUTORIZACIÓN
En el escrito de acusación, el fiscal relata que un laboratorio situado en Madrid fabricaba el fármaco, a pesar de "autorizada únicamente para elaborar productos veterinarios".
El producto elaborado en los laboratorios IVEN se enviaba a una finca propiedad del principal acusado, donde personal del servicio doméstico, sin preparación alguna en manipulación de fármacos, lo envasaba, etiquetaba y almacenaba.
Para la versión inyectable de Bio-Bac el procesado contaba con una máquina encapsuladora que no garantizaba según se utilizaba las más mínimas condiciones de asepsia, con el consiguiente peligro de contaminación, como así ocurrió.
El primer lote de Bio-Bac fabricado por IVEN salió a principios de 1998. Ese año se fabricaron otros tres lotes, seis más en 1999, otros seis lotes en el año 2000, y nueve lotes en 2001. Cada lote constaba de 3.500 frascos.
El acusado Enrique M. O. trabajaba como biólogo en los laboratorios IVEN y sabía perfectamente que el producto estaba destinado a uso humano aunque los laboratorios no estaban autorizados a fabricar más producto que el destinado al uso animal; el acusado Miguel E. G. era el consejero y director general de los laboratorios, además de farmacéutico titulado, y era también plenamente consciente de que el producto iba a ser consumido por seres humanos.
A todos los pacientes Antonio Rafael C. P. les aseguraba, y así constaba en la página web desde la que se vendía el producto, que Bio-Bac tenía una eficacia terapéutica que en realidad no había sido contrastada en ningún estudio clínico, llegando incluso al extremo de afirmar que su efectividad era mayor si los enfermos abandonaban en todo o en parte el tratamiento de la medicina convencional y se confiaban en exclusiva a las virtudes terapéuticas de su producto.
