MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y 3 de Navalcarnero han acordado la apertura de diligencias al apreciar indicios de varios delitos contra el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Estrada, dos exempleados municipales y contra la exinterventora municipal.
En sendas resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, se establece posible delito de falsedad documental en una factura de servicios de informática. En el caso del exregidor y los exempleados, se alude a delitos de malversación, prevaricación fraude en la obtención de subvenciones y falsificación de documento público.
Además, se cursa diversa documentación sobre la concesión de subvenciones en el municipio durante el periodo de Estrada al frente del Ayuntamiento y se acuerda la comparecencia de diversos testigos.
En este sentido, los autos admiten a trámite la denuncia y querella que presentó respectivamente, al apreciar que podía haber presuntos delitos que implicaban al exalcalde y la interventora.
Así, la querella contra Estrada se sustenta en que en 2014 no constaba solicitud alguna de subvenciones solicitadas y se incorporaron presuntamente dos certificados falsificados que aludían a que la localidad estaba al corriente de pago en sus obligaciones con los proveedores.
Uno de Hacienda cuyo número de referencia coincide con el de un certificado positivo, pero emitido a favor de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de la que Carlos Estrada era su presidente entonces. El otro certificado es de la Seguridad Social con número de referencia y huella digital similar al de uno positivo emitido a favor del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio.
A su vez, el Consistorio explica que durante ese periodo la Comunidad de Madrid reconoció al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio diversas subvenciones por importe de más de cinco millones de euros, a pesar de que "jamás" en ese periodo se encontrase al corriente de pago de sus obligaciones.
La otra denuncia se presentó como consecuencia de una deuda presuntamente ficticia incorporada al Plan de Pago a Proveedores de 2012 contra la interventora municipal y un antiguo proveedor de los servicios informáticos del Ayuntamiento, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos.
La exinterventora municipal incorporó a la segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de 2012, una factura de diciembre de 2006 de 35.164,24 euros emitida por un proveedor autónomo y referida a una única intervención de mantenimiento y conexión de red.
En la factura se observa una "aparente manipulación" del sello de registro de entrada y "alteración en la letra de la persona que supuestamente lo registró".
A su vez, el Consistorio constató que en los archivos municipales no consta que se efectuase expediente alguno de contratación, cuando sólo unos meses después se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicarle un contrato menor para prestar un servicio similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000 euros.
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