ALCORCÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcorcón ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta con la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Jotrinsa) por supuestas irregularidades en los contratos de reparación de vehículos y el mantenimiento de camiones.
"No ha lugar a la práctica de las nuevas diligencias de instrucción que piden las partes al no apreciarse indicios delictivos y acordarse el sobreseimiento y archivo de la causa", según reza el escrito --fechado a 18 de julio de 2018 -- al que ha tenido acceso Europa Press, y que decreta el archivo de las actuaciones, "sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado".
El auto alude a que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, insistiendo en que en las diligencias practicadas "no se desprende" que las facturas no se correspondan con servicios prestados "o se haya cuestionado el precio de las mismas" según la actividad realizada.
En la misma línea, considera que de los hechos denunciados no queda acreditado que ninguno de los investigados actuara con ánimo de lucro, "ni que desviara fondos de la entidad en su propio beneficio", entendiendo que se trata de "irregularidades administrativas" por no haber sacado a licitación los servicios prestados por la mercantil Jotrinsa.
Este hecho "no constituiría ilícito penal" al no concurrir los elementos de los delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, y en su caso, malversación de caudales públicos, atendiendo a la legislación vigente en el momento de realización de los hechos denunciados.
ACCIONES LEGALES
Tras conocerse el fallo del juzgado, el Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido hoy una disculpa pública al portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y su concejal y miembro del consejo de Administración de ESMASA, Raquel Rodríguez, por "las continuas mentiras y acusaciones sin fundamento que ahora han quedado al descubierto".
En 2017, desde el grupo municipal de Ganar Alcorcón alertaron de que varios contratos de Esmasa con Jotrinsa para la reparación de los camiones realizados durante la primera legislatura de David Pérez en Alcorcón, del 2012 al 2014, podían tener "posibles irregularidades".
Ahora la portavoz 'popular', Susana Mozo, ha advertido de que su partido estudiará la posibilidad de tomar "acciones judiciales" contra los concejales de Ganar Alcorcón, después de que un juez haya "desmontado las burdas maniobras de Ganar Alcorcón para intentar involucrar al PP en una trama corrupta que jamás ha existido en ESMASA durante el Gobierno del PP".
ANTECEDENTES
El pasado enero, el juzgado de instrucción número 6 de Alcorcón citó como investigados a seis responsables de la Empresa de Servicios Municipales Esmasa por las posibles irregularidades en la adjudicación de varios contratos a la empresa Jotrinsa desde el año 2012.
En una providencia posterior, fechada a 13 de febrero, la magistrada aceptó la personación en la causa como acusación particular de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, una vez evaluado el informe del Ministerio Fiscal que no se oponía a esta petición.
Fue Ganar quien pidió una investigación y una auditoría en Esmasa sobre los acuerdos realizados con esta empresa, después de que la compañía fuese señalada directamente por el diputado del PP en el Asamblea de Madrid y exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, por "recibir adjudicaciones millonarias".
Gómez lo hizo en su declaración como testigo ante el juez que lleva el caso de la Operación Lezo, relacionándola con la presunta trama de espionaje político a la presidenta regional Cristina Cifuentes.
Desde Ganar, grupo que forma parte del Consejo de Administración de Esmasa, se dijo entonces que llevaban un año exigiendo facturas de los servicios de la compañía y una auditoría sobre las piezas reparadas y los recambios hechos por Jotrinsa "tras recibir varias denuncias". Sospechaban entonces que las piezas "no eran originales" y que el pago de la mano de obra era "desorbitado".
En la investigación ahora archivada por el juzgado se incorporó a una auditoría encargada por el propio alcalde, David Pérez (PP), quien ordenó, a principios de 2017, que las irregularidades detectadas fueran enviadas a la Fiscalía.
"Si bien dicho documento no señala ningún ilícito penal, si se refiere a determinadas irregularidades administrativas que pudieran tener relevancia penal", según aclaró entonces.
El 30 de mayo de 2017, a través del presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales y concejal del Gobierno local, Ignacio González Velayos (PP), daban traslado del informe jurídico externo.
