Un Juzgado de lo Social celebrará este jueves el juicio por la 'huelga salvaje' que paralizó en junio el Metro de Madrid

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de lo Social celebrará el próximo jueves el juicio por la demanda que presentó Metro de Madrid contra siete sindicatos de la empresa para que se declare la ilegalidad de la huelga que paralizó los días 29 y 30 de junio el servicio al no cumplirse los servicios mínimos.

La compañía presentó el pasado mes de noviembre ante los Juzgados de lo Social una demanda contra el comité de huelga, el comité de empresa y los sindicatos que convocaron la huelga en el suburbano con el fin de que reconozca la "ilegalidad" de los paros que se llevaron a cabo los días 29 y 30 de junio, donde se incumplieron los servicios mínimos.

La intención del Gobierno regional es declarar "judicialmente" que la huelga en estos dos días "fue ilegal e ilícita por su carácter abusivo ante la llamada que los sindicatos hicieron a los trabajadores para el no cumplimiento de los servicios mínimos".

En concreto, la demanda se dirige a los cinco sindicatos que convocaron la huelga --Sindicato de Conductores, CC.OO., UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre--, contra los diez miembros que componían el Comité de Huelga y contra el comité de empresa.

Esta demanda llegó después de que la dirección de la compañía y los sindicatos celebraran un acto de conciliación el pasado mes de agosto en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid en el que ambas partes no llegaron a un acuerdo.

En aquel momento, Metro de Madrid reclamó 6,5 millones de euros de indemnización por daños y perjuicios durante los días sin servicios mínimos a los cinco sindicatos convocantes y a los miembros de su comité de huelga.

De esos 6,5 millones de euros, 5,5 correspondían a "lo que se dejó de percibir" durante esos dos días de incumplimiento de los servicios mínimos. El millón restante vendría a compensar los daños de imagen a la compañía.

EXPEDIENTES

Durante una sesión de control celebrada el pasado mes de diciembre en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, explicó que la huelga de Metro fue legal hasta el día 29 cuando, al no acudir a sus puestos de trabajo, hubo empleados que incumplieron los servicios mínimos. Como consecuencia de esto, 648 fueron expedientados.

De hecho, Metro de Madrid podría expulsar a tres trabajadores y miembros del Comité de Huelga durante los paros y aplicar la máxima sanción económica, que supone la suspensión de empleo y sueldo durante diez días, a los otros siete miembros que integraban el Comité de Huelga.

Asimismo, según explicó el consejero, hay otros siete trabajadores cuyo expediente aún no ha sido resuelto y que también se ausentaron de los servicios de mantenimiento o agredieron a sus compañeros.

Durante su intervención, Echeverría aclaró que no se va a sancionar de la misma manera a todos los trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo, sino que Metro "ha valorado expedientes de forma individualizada y equilibrada".

De este modo, precisó que por una parte se encuentran aquellos empleados que "formaron el Comité de Huelga y empujaron a sus compañeros a incumplir los servicios mínimos"; por otro, los que "se ausentaron e incumplieron los servicios mínimos" y aquéllos cuya "conducta ha merecido que acaben en Fiscalía o en el Juzgado".

Los sindicatos esperan que la dirección de Metro "aplique el sentido común" respecto a los últimos expedientes de Metro por la huelga sin servicios mínimos del pasado mes de junio y que no tomen medidas que "pueden tener muy preocupantes consecuencias".

El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, señaló en declaraciones a Europa Press que de aplicarse esta medida podría haber "preocupantes consecuencias", por lo que ha abogado por la "negociación" como camino para "solucionar el problema".

"Una vez solventado el conflicto que llevó a esa huelga, lo mejor es que impere la negociación", afirmó. Además, recordó que paralelamente se está celebrando un juicio en el que se dictamina si los servicios mínimos impuestos son legales o no, por lo que se ha preguntado qué pasará si los tribunales dictaminasen finalmente que no son lícitos. "¿A quién habría que pedir responsabilidades?", insistió.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. Madrid, Javier López, se mostró prudente y dijo que por el momento, a los sindicatos "no les consta" que haya alguna sanción definitiva en ese sentido. "Hay 645 expedientes archivados con una mención de que faltaron ese día, y luego quedan otros diez pendientes de resolución", explicó en declaraciones a Europa Press.

De todas formas, confió en que ya que una vez se pudo llegar a un consenso con la dirección respecto a la reducción de las nóminas de los trabajadores, se pueda volver a negociar una salida a esta situación. "Creo que hay que dejar actuar a la justicia y esperemos que la decisión de la Comunidad de Madrid sea sensata y equilibrada", aseveró.