La ley que permitirá a la Comunidad ejercer acción popular en incidentes como los de La Vuelta se aprobará el 9 de abril

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará en el primer pleno del mes de abril, el día 9, la ley que permitirá a la Comunidad ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra el patrimonio natural, histórico-artístico o se cometan delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como fue el caso de los disturbios en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha explicado que para que una autonomía se persone en un proceso penal "tiene que haber una ley que lo avale".

Ha recordado que la Comunidad de Madrid podía ejercer esa acción popular en los casos de violencia de género y también en los supuestos de víctimas del terrorismo.

Con este Proyecto de Ley se modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, a fin de habilitar el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su especial impacto territorial, revistan una gravedad significativa.

Asimismo, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, será objeto de adaptación para permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos y acontecimientos de interés general.

Destaca el caso de la Vuelta Ciclista a España, cuya última edición se vio interrumpida en varias ocasiones por grupos de manifestantes, incluida la suspensión de la etapa final a varios kilómetros de la capital.

Por último, también se actuará sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, el texto del anteproyecto recoge que no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir asimismo en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.