MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha asegurado este miércoles que, tras 32 años de funcionario, ninguna Administración le ha pagado nunca "los dientes o las gafas", en referencia a las ayudas sociales a las que tienen derecho también los altos cargos del Ayuntamiento de Madrid.
"Eso es una anécdota, la categoría es el incremento de altos cargos" en el Ayuntamiento, ha apuntado en una rueda de prensa en la que ha explicado su propuesta alternativa a la Tasa de Basuras. Sobre si mantendría esas ayudas sociales para dicho colectivo, el candidato ha respondido que "por supuesto que no" ya que "no es el estilo de administración" de los socialistas.
"Los altos cargos son los que tienen más altas remuneraciones. No les vamos a pagar las gafas o los dientes. En 32 años de funcionario nunca me han pagado ni los dientes ni las gafas", ha contestado.
El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, defendió en la última comisión de Hacienda la legalidad, tras un acuerdo de Pleno de 2004, de que altos cargos y directivos reciban ayudas sociales --como el pago de cantidades destinadas a la formación de los hijos o para la adquisición del abono transporte--.
Bravo afirmó que el convenio colectivo "expresamente excluye al personal directivo" del ámbito de aplicación de este tipo de ayudas, lo que no implica que dicha concesión sea ilegal, como aseguraba CC.OO., ya que "hay otras normas que puedan amparar esa decisión".
Concretamente un acuerdo de Pleno de julio de 2004 establece en su artículo 33, punto 4, bajo el epígrafe 'Prestaciones Sociales', que "los titulares de los órganos directivos tendrán derecho a las prestaciones sociales reconocidas a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid" añadiendo que ese derecho "se ejercerá en los términos y condiciones establecidos en los correspondientes acuerdos sobre condiciones de trabajo y convenios colectivos aplicables a los mismos en los términos en los que se regule esos beneficios para los funcionarios públicos".
"La relación de beneficiados es pública, es perfectamente legal. Otra cosa es la consideración de que personal directivo tenga derecho a las mismas prestaciones que el resto de personal funcionario con retribuciones muy inferiores", manifestó el edil tras recordar que la misma situación se da en la Comunidad de Madrid y en el Estado.