Una marcha recorrerá el centro de Madrid el 8 de febrero para reclamar medidas para "salvar la Sanidad Pública"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una marcha recorrerá el próximo día 8 de febrero el centro de Madrid en defensa de una sanidad "100% pública, universal y de calidad" ante el "desmantelamiento y las privatizaciones" llevadas a cabo por un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que busca "generar oportunidades de negocio" a costa de la calidad asistencial de los madrileños.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', tendrá lugar el domingo 8 de febrero, a partir de las 12.00 horas, desde el Paseo del Prado (a la altura del Ministerio de Sanidad) hasta la Puerta del Sol.

Convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid, la marcha reclamará medidas para fortalecer y mejorar la Sanidad Pública madrileña, lo que supone también defender la "calidad de vida, la equidad y la cohesión" de la sociedad.

"Estamos convencidas de que es urgente frenar el deterioro de la sanidad pública madrileña y detener el creciente trasvase de recursos públicos hacia empresas privadas como Ribera Salud y Quirón, cuyas irregularidades en la gestión de servicios sanitarios han sido evidenciadas en investigaciones judiciales y denuncias en los últimos meses. Estos conciertos y modelos de gestión privada drenan recursos que son imprescindibles para reforzar y mejorar la sanidad pública de titularidad y gestión directa", han apuntado los organizadores.

En el manifiesto firmado por los impulsores de esta iniciativa, se denuncia "las consecuencias de los recortes, el desmantelamiento y las privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno regional" y se advierte que ello "incrementa de manera inaceptable la desigualdad y empuja a la población hacia seguros privados o pagos directos por atención médica".

"Un debilitamiento intencionado de nuestra Sanidad Pública, por parte del Partido Popular, con el objetivo de generar oportunidades de negocio: infrafinanciación de centros de gestión pública, aumento de conciertos con empresas privadas que parasitan el sistema, listas de espera manipuladas y desesperantes, centros de salud inaccesibles y colapsados, hospitales infrautilizados y profesionales agotados", remarcan.

Frente a ello, reclaman asegurar "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública. "Defendemos un pacto amplio que proteja el sistema público, garantizando universalidad, accesibilidad, equidad, calidad, seguridad, continuidad e integralidad de la atención sanitaria", alegan.

Esto pasa, según defienden, por una financiación pública "suficiente y finalista" y "transparencia" en la asignación presupuestaria "para que los recursos se dirijan a la mejora de la atención pública y no a beneficios privados".

RECUPERAR LO PRIVATIZADO

Como segundo gran objetivo, exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado". Así, proponen revertir la privatización de servicios y la concertación y derogar la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) "y otras normativas que estrangulan financieramente la Sanidad Pública y promueven centros con ánimo de lucro", así como, en el ámbito estatal, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Igualmente, abogan por suprimir la Agencia de Contratación Sanitaria, "un elemento opaco y distorsionador que puede servir para futuras privatizaciones", reinstaurar las Áreas Sanitarias, coordinadas con las Gerencias de Atención Primaria, "asegurando cooperación y equidad territorial", y reducir listas de espera y los tiempos de demora quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas "mediante la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública de gestión pública directa".

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

En un tercer bloque de reivindicaciones, piden medidas encaminadas a reforzar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad. Para ello, reclaman centros de salud accesibles, con agendas suficientes y equipos multidisciplinares, plantillas completas y bien dimensionadas en todos los centros de salud, garantizar la longitudinalidad de la atención, incrementar profesionales de psicología clínica "para garantizar la detección precoz, reducir la sobremedicalización y optimizar la eficiencia del sistema mediante una intervención psicológica integral y accesible", proporcionar medios para evaluación y atención temprana y atender la cronicidad y el envejecimiento con coordinación sociosanitaria entre sanidad y servicios sociales.

También se reclama reforzar la "mermada y sobrecargada" red de Centros de Salud Mental e incrementar "de manera significativa" el número de camas en Atención Hospitalaria (1,7 por cada 1.000 habitantes), especialmente las de media y larga estancia, hasta alcanzar la media de los países de la UE (5,1/1.000) y la OCDE (4,2/1.000).

En cuanto al personal de los centros sanitarios, los convocantes reclamarán que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y medidas para prevenir violencias y agresiones. También se pide incrementar la coordinación entre las Consejerías competentes para mejorar la atención sociosanitaria en las residencias de mayores por parte de los centros de Atención Primaria, "dotándolos de los recursos materiales y humanos necesarios" y desarrollar y consensuar un nuevo Plan de gestión directa pública de Urgencias y Emergencias sanitarias de la Comunidad que garantice equipos completos en las Urgencias Extrahospitalarias (PAC, SAR, SUAP).

EL CIUDADANO, EN EL CENTRO

En otro bloque de reivindicaciones, los convocantes citan también la necesidad de establecer acciones para "potenciar la salud pública y la participación social". En este sentido, se incide en que "la ciudadanía debe ser protagonista" y se debe contar con un sistema de Salud Pública "fuerte" que "vigile, prevenga y proteja" y "con perspectiva de género".

Garantizar en los centros públicos la atención sexual y reproductiva, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la eutanasia, y la calidad en los cuidados paliativos, "atendiendo a las leyes aplicables", impulsar la investigación clínica y epidemiológica dentro del sistema público o proporcionar transparencia y poner fin al "ocultamiento de datos por parte de la Consejería de Sanidad" son otras de las peticiones.