MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, adelantó hoy a Europa Press que defenderá ante el juez el próximo lunes que la tramitación municipal de las licencias de la tienda de decoración Becara en el número 18 de la calle Juan Bravo estuvo "sujeta a la legalidad en todo momento" y que la actividad del establecimiento en estos momentos "es acorde con las licencias que posee".
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Becara', ha citado a declarar el próximo 9 de marzo como testigos al viceconsejero de Transportes, Luis Armada, por su actuación como antiguo gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y al actual jefe de licencias, José Ramón Orellana.
La citación se produce a instancias del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La solicitud de puso encima de la mesa de Torres después de que el concejal-presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, compareciera el pasado 29 de septiembre en calidad de imputado por un presunto tráfico de influencias en el 'caso Becara'. Esta causa investiga una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a la reconocida firma de decoración.
Martínez explicó a través de una nota que mostrará ante el juez su total disposición a reiterar "la plena legalidad de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento desde que en 1999 se le concedió a Becara la licencia de funcionamiento".
CUATRO SENTENCIAS FAVORABLES
La popular recordó además que la actuación municipal obtuvo "el respaldo favorable de los tribunales a través de cuatro sentencias judiciales firmes" y, en el único caso en que no fue así se debió a "una cuestión de forma". En ese caso, la sentencia fue "debidamente ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid".
La tienda Becara de la calle Juan Bravo se compone de dos plantas, con licencias vigentes de funcionamiento concedidas por la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo el 27 de enero de 1999 y el 22 de mayo de 2003, para exposición y venta de muebles en la planta baja y de oficinas en la primera. Ambas licencias fueron objeto de recursos contencioso-administrativos interpuestos por vecinos de la finca, dictándose sentencias firmes desestimatorias en los años 2000, 2001 y 2005, recordaron desde Urbanismo.
En estos momentos, de acuerdo con los expedientes administrativos tramitados y de las inspecciones realizadas, la actividad del establecimiento Becara es "acorde con las licencias que posee --exposición y venta de muebles en la planta baja, y oficinas en la planta primera-- y así deberá mantenerse en tanto no se obtenga la preceptiva licencia para el cambio de uso que permite el Plan Especial ya aprobado", señaló Martínez.
La actividad de la planta baja y de la planta primera se ha venido desarrollando al amparo de las citadas licencias, dando lugar la pretensión del cambio de uso de la planta primera de oficinas a exposición y venta de muebles, a diferentes expedientes para la obtención por la propiedad del preceptivo permiso, con la oposición de vecinos de la finca.
El Pleno municipal aprobó el 28 de noviembre de 2002 el Plan Especial de Control Ambiental de Usos, que autorizó la transformación del uso de oficinas de la planta primera a comercial. Este Plan Especial fue objeto de recurso contencioso administrativo, desestimado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2006, por lo que es vigente y, la implantación del uso comercial posible.
La propiedad solicitó entonces la modificación de la licencia para transformar la planta primera de uso de oficinas a uso comercial, concediéndose el 13 de mayo de 2004 por el área de Urbanismo. Contra dicha licencia se interpuso nuevamente un recurso contencioso-administrativo dictándose sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de abril de 2007, en virtud de la cual se anuló la licencia "en base a diferentes aspectos puramente formales". Esta sentencia ha sido ejecutada denegándose la licencia y decretando el cese del uso comercial de la primera planta.
INTENCIONALIDAD PARTIDISTA DEL PSOE
La delegada subrayó asimismo la "intencionalidad subyacente" del PSOE en el caso --su citación se produce a instancias del Grupo Municipal Socialista, personado como acusación particular-- al considerar que pretenden "inducir a una conclusión errónea en la tramitación del expediente".
A juicio de la delegada, el problema del expediente no es otro que "un largo procedimiento judicial abierto, con seis recursos acumulados y cinco sentencias judiciales firmes, y otra pendiente de resolución en casación, de las que dos son contradictorias, a lo que se suma una tramitación administrativa complejísima como consecuencia de todo ello".
Desde que saliera a la luz el caso, Henríquez de Luna ha defendido que su acusación responde a "una venganza" de la familia denunciante, los Goyeneche, insistiendo en que la Junta Municipal de Salamanca "no intervino en la concesión de la licencia" a la tienda Becara, situada en los bajos de Juan Bravo, 18.
Según el edil, la primera licencia se otorgó en 1998. Entonces, él no era concejal del Ayuntamiento de Madrid y todas las licencias se tramitaban en la Gerencia de Urbanismo. Por ello, los socialistas solicitaron ahora la comparecencia como testigos de Martínez y Armada.
