Más Madrid no logra sacar adelante un plan para campos deportivos de la región ante el veto europeo al caucho en 2031

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid no ha logrado sacar adelante en la Asamblea de Madrid una iniciativa para que la Comunidad prepare la sustitución progresiva del granulado de caucho en los campos deportivos de césped artificial de la región ante el veto de la Unión Europea a la comercialización de este material a partir de 2031.

La Comisión de Turismo y Deporte ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE. "Es una oportunidad perdida para el deporte madrileño", ha lamentado la diputada de Más Madrid Alicia Torija.

En el texto, la formación pedía al Gobierno regional una hoja de ruta para acompañar la transición de estas superficies deportivas, especialmente en el ámbito municipal, sin imponer ni prohibir el uso del césped artificial existente.

Torija ha defendido que la propuesta no planteaba cerrar instalaciones, levantar campos actuales ni cuestionar la contribución que el césped artificial ha tenido para favorecer la práctica deportiva, incrementar las horas de uso de los equipamientos y facilitar el acceso al deporte en los municipios.

Según ha explicado, la iniciativa buscaba más bien incorporar criterios de innovación y sostenibilidad en las futuras licitaciones, elaborar un plan autonómico de transición con horizonte 2031, impulsar proyectos piloto junto a universidades y centros tecnológicos y favorecer el desarrollo de nuevas soluciones para reducir el impacto de microplásticos en las superficies deportivas del futuro.

"Cuando un entrenador sabe que el partido acaba en el minuto 90, no espera el descuento para hacer los cambios. Pues bien, Europa nos ha dicho que el partido termina en el 2031 y la Comunidad de Madrid nos acaba de decir (...) que no hay un reloj y que eso no va a pasar", ha señalado Torija durante la sesión.

La diputada de Más Madrid ha sostenido que "la evidencia científica es bastante clara" y ha advertido de que las superficies sintéticas son "una fuente relevante de dispersión de partículas en el medio ambiente, en los suelos, en los cursos de agua y en los ecosistemas". "Sabemos que pueden permanecer décadas. La pregunta no es si adaptarse, sino cuándo y cómo queremos hacerlo", ha recalcado.

Torija ha insistido en que Madrid cuenta con universidades, empresas e instalaciones deportivas que podrían convertirse en espacios de referencia para ensayar materiales y tecnologías de nueva generación. A su juicio, la Comunidad puede "limitarse a cumplir" cuando lleguen las obligaciones o "anticiparse y liderar" una transición que considera "inevitable".

VOX: "MÁS REGULACIÓN, MÁS COSTES Y MÁS BUROCRACIA"

Desde Vox, Jorge Cutillas ha rechazado la iniciativa al considerar que representa "una visión excesivamente intervencionista" y alejada de las preocupaciones reales de los madrileños. El diputado ha defendido que el césped artificial se ha extendido porque "funciona", permite utilizar una instalación muchas más horas al día, soporta una carga de uso que sería imposible para el césped natural, reduce costes de mantenimiento y evita consumos elevados de agua.

Cutillas ha acusado a Más Madrid de plantear "planes, estrategias, estudios, evaluaciones, análisis del ciclo de vida, proyectos piloto e informes" y ha advertido de que todo ello se traduciría, a su juicio, en "más regulación, más costes y más burocracia" para administraciones públicas, ayuntamientos y contribuyentes.

El diputado de Vox ha subrayado que detrás de cada campo municipal hay clubes modestos, escuelas deportivas, asociaciones vecinales y familias que utilizan estas instalaciones cada semana, y ha defendido que los municipios necesitan "menos burocracia y más autonomía" para gestionar sus equipamientos deportivos.

EL PSOE COMPARTE EL DIAGNÓSTICO PERO SE ABSTIENE

El PSOE ha compartido buena parte del diagnóstico de la iniciativa, incluida la preocupación por el impacto ambiental de los microplásticos y la necesidad de anticiparse a los cambios normativos europeos, pero se ha abstenido al considerar que la transición debe abordarse teniendo en cuenta el papel central de los ayuntamientos y la financiación necesaria.

La diputada Raquel Barahona ha recordado que la mayoría de los campos de fútbol de césped artificial de la Comunidad de Madrid son de titularidad municipal y que son los ayuntamientos quienes construyen, mantienen y deciden cuándo renovar estas instalaciones. Por ello, ha defendido que cualquier transición debe contar con ellos, respetar sus competencias y acompañarse de apoyo técnico y económico.

También ha señalado que ya existen soluciones constructivas que permiten reducir de forma significativa la cantidad de caucho en la superficie de juego, como bases elásticas integradas entre el césped y la solera, que pueden disminuir aproximadamente a la mitad el caucho necesario en el relleno superficial.

"Entre el inmovilismo de quienes niegan los problemas y la tentación de intentar resolverlo mediante planes, hay un camino intermedio que pasa por la cooperación institucional, la innovación tecnológica y exigir la financiación adecuada a la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

PP CREE QUE MÁS MADRID CONFUNDE COMPETENCIAS

Por parte del PP, el diputado Andrés Navarro ha acusado a Más Madrid de presentar una propuesta "demagógica" que, a su juicio, confunde las competencias e ignora la realidad de la administración local.

El PP ha defendido que Bruselas concede un margen de ocho años para que el mercado y la industria migren hacia rellenos alternativos sostenibles y ha citado materiales como el corcho, la fibra de coco, el hueso de aceituna o la arena de sílice. No obstante, el popular ha reprochado al Gobierno central y al Consejo Superior de Deportes que no hayan impulsado un plan estratégico nacional ni ayudas económicas para afrontar el sobrecoste de la adaptación.

Además, ha recalcado que la construcción, conservación y gestión de las instalaciones deportivas de uso público corresponde a los ayuntamientos y ha rechazado que la Comunidad de Madrid deba asumir un plan que, según ha dicho, podría invadir la autonomía municipal.