Archivo - Un camión de bomberos en el parque 9º provisional de bomberos, a 19 de agosto de 2023, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más Madrid pedirá al Gobierno regional que ningún cuerpo público se vea obligado a participar en un desahucio y proteger así su "libertad de conciencia".
Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista al calor del desahucio de Maricarmen hace una semana en el distrito de Retiro y la contestación social que ha derivado en una acampaña en la Puerta del Sol y la aprobación de dos reales decretos con medidas de vivienda.
Así, Más Madrid reclama "llevar a cabo las reformas normativas que garanticen el ejercicio de la libertad de conciencia de los trabajadores públicos dependientes directamente de la Comunidad de Madrid en el caso de ejecución del lanzamiento de vivienda habitual".
Asimismo, ha solicitado que se evite el uso de los trabajadores "cuya función sea la atención a emergencias para ejecución de lanzamientos" y que se garantice "la ausencia absoluta de ningún tipo de represalia laboral" para aquellos que rechacen participar de estos operativos.Además, la formación ha hecho hincapié en que se repliquen estas mismas "garantías y prevenciones para los trabajadores municipales".
"El pasado 23 de septiembre, el desahucio de Maricarmen mostró con crudeza lo que supone ejecutar un lanzamiento sobre una persona especialmente vulnerable", expone en esta PNL.
Sostiene que "casos como este interpelan a toda la sociedad", incluidos "servidores públicos a los que se ordena intervenir en estos operativos, a menudo sin información previa y sin que esas tareas formen parte de sus funciones", algo que "es especialmente claro en los cuerpos de bomberos", han especificado.
Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, recogida por la formación, en 2025 se practicaron en la región 2.267 lanzamientos, más de seis cada día. De ellos, 1.931 derivaron de procedimientos de arrendamiento urbano.
En el primer trimestre de 2026 se practicaron otros 582. "Detrás de cada cifra hay un hogar que pierde su vivienda, con frecuencia sin alternativa habitacional", remarcan.