Los investigadores atribuyen al inspector de Policía y al sargento detenidos un papel meramente testimonial en la red de Gao Ping
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los empresarios acusados de blanqueo de capitales en el marco de la 'operación Emperador', en la que se investiga una red empresarial china acusada de evadir impuestos y realizar transacciones financieras fraudulentas, estaría a tiempo de regularizar sus operaciones para no ser acusados de un delito fiscal, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Los empresarios españoles detenidos en este operativo estaban relacionados con la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, que actuaba como intermediaria de la trama para transferir capitales desde paraísos fiscales a las cuentas de la red china y obtener a cambio dinero en metálico que poder invertir en sus negocios.
Este sería el caso de los empresarios vascos Patxi y Pedro Garmendia, dedicados a la cría de perdices y de bueyes de Kobe, y del promotor inmobiliario Oriol Mestre Rissé, que fue detenido en La Seu d'Urgell (Lérida) cuando intentaba cruzar la frontera de Andorra. El juez les imputa indiciariamente a los tres un delito de blanqueo de capitales.
Los empresarios españoles tenían como "principal preocupación" que su dinero, radicado en cuentas bancarias de Suiza, Lietchenstein, Andorra y otros paraísos fiscales, volviera a España para poder disponer de él sin tributar a Hacienda, según las citadas fuentes.
LABOR TESTIMONIAL DE LOS DOS AGENTES
Las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press también aseguran que el papel que jugaban en la trama el inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y el sargento de la Guardia Civil detenido en la operación era meramente testimonial.
Ambos estaban situados en un escalón muy bajo de la organización, lo que explicaría que hayan quedado en libertad sin medidas cautelares y únicamente se les haya imputado un delito de cohecho. En concreto, los dos funcionarios habrían realizado gestiones en función de sus cargos que les habrían solicitado los integrantes de la trama y por las que habrían recibido varios regalos, entre ellos algún viaje a China.
DOS ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES
Según las citadas fuentes, la red funcionaba a partir de dos estructuras que en principio no estaban conectadas entre sí. La primera, dirigida por Gao Ping y su esposa, Lizhen Yang, contaba con cuatro aparatos: el económico englobaba a las empresas, tiendas de 'todo a cien' y otros negocios de la organización; la división financiera se ocupaba del lavado de dinero negro; la estructura institucional trataba de llegar a personas con poder, como funcionarios públicos; y el grupo violento ejecutaba la extorsión o las coacciones.
La otra pata de la organización consistía en una división institucional que trataba de acceder a personas con poder para utilizar esas relaciones en beneficio de sus intereses. En ella se encuadrarían los funcionarios públicos y los españoles implicados, que hacían favores al entramado.
La 'operación Emperador' se ha saldado de momento con un total de 87 detenidos. De ellos, 48 han ingresado en prisión incondicional, 23 han quedado con fianzas que oscilan entre los 6.000 a los 100.000 euros, y los 16 restantes han salido en libertad, la mayoría con comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio.
MÍNIMA INTERVENCIÓN DE NACHO VIDAL
Entre los detenidos se encuentra el actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, que quedó en libertad sin fianza tras ser imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad por las actividades que habría desarrollado su productora con las sociedades de la trama. Las citadas fuentes apuntan que su labor también fue mínima y se limitó a firmar determinados documentos facilitados por su hermana María José.
El magistrado también decretó libertad sin fianza y comparecencias periódicas para el dimitido concejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), al que se imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
A los responsables de la trama se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la red de Gao Ping contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
