MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El empresario Miguel Ángel Flores, imputado por los cinco fallecimientos ocurridos la fiesta que organizó en el Madrid Arena la pasada noche de Halloween, ha enviado una carta a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para pedirle "que impulse cuantas actuaciones resulten precisas y suficientes, dentro del marco legal" para evitar la reapertura del edificio del Madrid Arena.
En el escrito que ha enviado hoy viernes, señala que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos tramitó previamente a la fiesta mortal hasta tres expedientes administrativos de solicitud de licencia urbanística para el edificio Madrid Arena ante el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento "sin conseguir obtenerla de la Dirección General de Control de la Edificación en ninguna de las ocasiones, por lo que carece e licencia de actividad y de funcionamiento".
"Asimismo tramitó consulta urbanística especial para que se informara en materia de seguridad sobre las posibles actividades del edificio y su correspondiente aforo, de tal suerte que Urbanismo informó a Madrid, Espacios y Congresos que el Madrid Arena adolece de múltiples deficiencias e indeterminaciones en materia de seguridad y de utilización, con problemas congénitos en materia de seguridad", añade.
Flores manifesta en que según ese estudio el recinto carece de aforo legal y de plan de autoprotección y que los pasillos de evacuación alrededor de la pista "debían tener al menos otro acceso más, opuesto y alejado, con evacuación directa al exterior, es decir, se debería haber construido otra salida adicional abierta para la evacuación, puesta a la existe".
"Pese a lo anterior, a sabiendas y con perfecto conocimiento de ello, continuó alquilándolo para eventos hasta que tuvo lugar la tragedia", agrega el promotor de la fiesta en su carta a Cifuentes.
Por todo ello, considera que el Madrid Arena concita "un inminente riego para la seguridad de las personas", por lo que pide a la Delegación del Gobierno, en virtud de sus competencias, que paralice su apertura, prevista para una feria.
Además, Flores indica que ese recinto permanece "precintado" en el seno de la invetigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y que su reapertura supondría, a su juicio, "contravenir el precinto judicial, lo que podría indiciariamente constituir un delito de desobediencia, previsto en el Código Penal".
