MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Obispado de Getafe ha negado este viernes que el desalojo de la pareja de okupas que vivía en un piso de Móstoles propiedad de la Diócesis se deba a su condición sexual y ha ofrecido su colaboración.
El Obispado ha emitido un comunicado en el que remarca que la salida de estas mujeres de la vivienda de Móstoles se debe a un "desalojo o alzamiento de la vivienda ordenado por un juez y no a un desahucio" y añade que el Obispado ha renunciado a pedir cualquier tipo de indemnización.
"En este conflicto no han influido en modo alguno las opciones personales, ya sean religiosas, políticas o sexuales, de las responsables de la ocupación", asegura el Obispado, que lamenta la situación de esta pareja, a la que ofrece su colaboración para que "conforme a la justicia y al bien común se pueda encontrar una solución adecuada".
El Obispado relata que la vivienda okupada de manera ilegal sirvió de domicilio habitual a una comunidad religiosa hasta el año 2012 y estaba siendo esporádicamente utilizada por un sacerdote. Además, se encontraba preparada para recibir próximamente a una nueva comunidad religiosa.
Prueba de ello, continúa, es que se encontraba al tanto de los pagos pertinentes de suministros básicos (agua y luz) y con la comunidad de propietarios.
Miembros del Obispado se personaron en julio en el domicilio al tener noticia de la ocupación, alertados por vecinos, preocupados por algunos hechos causados por los ocupantes. La cerradura había sido cambiada, por lo que no pudieron acceder a la misma y al llamar, se encontraron con dos personas que les manifestaron su intención de permanecer en el piso.
En ese momento, los representantes del Obispado les ofrecieron buscar una solución habitacional legal que permitiera conciliar las necesidades tanto de estas personas como de la propia institución, planteando la opción de recurrir a Cáritas Diocesana, que dispone de una red de casas de acogida para personas en situación de vulnerabilidad, o la posibilidad de hablar con los servicios sociales municipales; pero las ocupantes de la vivienda no accedieron a esta posibilidad, relata el Obispado.
