Ochenta organizaciones muestran en Madrid su "frontal rechazo" al borrador del reglamento de la Ley de Extranjería

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red 'Por el derecho a tener derechos' y más de 80 organizaciones sociales han mostrado este viernes su "frontal rechazo" al borrador del reglamento de la Ley de Extranjería ante su inminente aprobación hoy en el Congreso de los Diputados.

Así, en una rueda de prensa celebrada este mediodía en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el representante de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) Víctor Sáez ha señalado que desea que el reglamento no sea una "nueva oportunidad perdida para avanzar en la protección de los derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los Inmigrantes, y que garantice su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad".

Asimismo, ha señalado que la propuesta de reglamento del Gobierno no desarrolla los derechos reconocidos en la ley y sin embargo "complejiza los trámites, y aumenta la discrecionalidad de las administraciones públicas al aplicar conceptos jurídicos indeterminados". "Los migrantes somos personas, no mercancía", ha recalcado.

El representante de Ferine ha señalado que no defiende las políticas de determinado partido o ideología, sino de los "derechos humanos". Así, cree que este reglamento puede provocar "discursos populistas" y ha citado que al auge de partidos radicales en Vic y Valencia.

Por otro lado, se ha quejado de que exista un reglamento o una ley específica para los extranjeros y que no se ha consultado ni escuchado a todas las asociaciones vinculadas con esta población para elaborar las normativas.

Por su parte, la representante del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), Clara Redal, ha explicado que durante los últimos meses han lanzado propuestas y alegaciones al borrador del documento, "que no han sido contestadas".

Así, entre las medidas concretas proponen que se cierre o se reformen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se establezca que no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares y contemple el que no sea condición indispensable un contrato laboral para la regularización vía arraigo ni para las renovaciones.

Asimismo, Redal y el resto de los firmantes han pedido que, con motivo de su publicación, ponga en marcha un proceso de regularización inmediata, vía arraigo o vía humanitaria, de las personas inmigrantes que viven en el España y están en situación irregular. Calcula que existen en el país unos 800.000 extranjeros sin regularizar, aunque son datos estimativos resultado de restar los inmigrantes empadronados de los que tienen permiso de residencia.

STOP A LAS REDADAS POLICIALES

Por otro lado, también incidieron en las 'redadas policiales' con objeto de identificación de inmigrantes que, a su juicio, se realizan teniendo en cuanta en los rasgos étnicos en lugares públicos frecuentados por inmigrantes o extranjeros.

Así, el portavoz de SOS Racismo, Luis Sánchez, ha apuntado que estos controles discriminan y estigmatizan a los inmigrantes y no ayudan a luchar contra la xenofobia. Mientras, el presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, ha pedido un reconocimiento de que el problema existe; y Sáez ha señalado que estas medidas están alterando su vida y provocando "conflictos intrafamiliares".

"Hasta hace dos años no había problemas pero desde entonces, con las redadas, los inmigrantes han cambiado sus rutinas de vida y ya no salen a la calle los fines de semana. Se quedan en casa, donde los espacios son reducidos, y se crean conflictos intrafamiliares. Se está generando un clima de hastío muy importante", ha agregado.

COMUNICADO CONTRA EL REGLAMENTO

En el comunicado de la Red 'Por el derecho a tener derechos' firmado por las 80 asociaciones, critican que el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería está compuesto por un "extenso y farragoso" texto de 250 páginas "de difícil interpretación en su totalidad por su extensión y por las referencias a un mismo asunto que se hacen en puntos diferentes del documento, a veces contradictorias".

Los firmantes consideran que el reglamento debe ser un instrumento al servicio de una política integral en materia de inmigración, estructurable sobre la igualdad de derechos y libertades y la integración social y "no contribuir a consagrar la visión utilitarista de la inmigración ni profundizar en el tratamiento de la misma como una cuestión de 'control de fronteras' y 'control de flujos', ahondando en la visión policial de un fenómeno social complejo, ni contribuir a la legitimación de las percepciones estereotipadas de la inmigración".

Las organizaciones sociales han criticado que la condición de que las autonomías tuvieran más competencias en la concesión de permisos de trabajo ha "complejizando burocráticamente" los trámites que los inmigrantes debe realizar para poder obtener y renovar su tarjeta de residencia o para acogerse a la reagrupación familiar, "ya que serán las comunidades autónomas las que elaboren los informes que sirvan al inmigrante para acreditar su esfuerzo por integrarse o que cuenta con una vivienda adecuada para atender a sus necesidades y a las de su familia".

Asimismo, les preocupa que se abra el camino en un periodo electoral a un "populismo que juegue con mensajes como 'los españoles primero', que pueda promover la creación de tensiones racistas en la convivencia ciudadana".

De hecho, Murgui ha apelado las fuerzas políticas para que no criminalicen a esta ciudadanía durante las elecciones, que asuman la "responsabilidad" en este materia para que no vayan a por votos "a costa de generar situaciones peligrosas". "Los partidos políticos deberían hacer de muro de contención ante esos discursos y no propaganda. Conceptos como el 'esfuerzo de integración' o las redadas no ayudan", ha declarado Sánchez.