MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El I Congreso de Infancia y Adolescencia, que se celebra hoy y este viernes, reivindicará la necesidad de impulsar una jurisdicción de Familia y la especialización de los operadores jurídicos implicados en esta materia a favor de la igualdad de condiciones en el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Más de 50 profesionales del mundo jurídico participarán en este evento, organizado por los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho. Las jornadas se desarrollarán en la sede del Colegio.
El Congreso reunirá a jueces, abogados, letrados de la administración de justicia, fiscales, mediadores, pediatras sociales, psicólogos, psiquiatras, académicos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y activistas de la sociedad civil.
Los operadores vinculados a esta materia abordarán desde diferentes ámbitos la protección de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. El Congreso aspiran a ser "un altavoz" de la histórica demanda de creación de una jurisdicción especializada en Familia.
Bajo la presidencia de honor la Reina Letizia, el programa incluye diez sesiones de debate en las que juristas de todas las profesiones abordarán la necesidad de crear juzgados especializados en familia, infancia y capacidad en todo el territorio nacional para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Además, representantes de los principales partidos políticos y periodistas especializados en información jurídica analizarán en sendas mesas redondas la posible discriminación a la ciudadanía derivada de la falta de especialización judicial en materia de Familia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, serán los encargados de inaugurar el encuentro junto a los decanos de la Abogacía de Madrid y Barcelona, José María Alonso y María Eugenia Gay, y el presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel.
"CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"
Ana Clara Belío, socia directora de ABA Abogadas y presidenta de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones del ICAM, ha explicado a Europa Press la problemática derivada de la falta de juzgados especializados en Familia, dando lugar a "ciudadanos de primera y de segunda no por razón económica sino en función del lugar en el que se resida al solo existir juzgados pseudo-especializados en las grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia".
La experta ha recalcado que los profesionales ven necesaria la puesta en marcha de una jurisdicción propia de Familia y no solo especializada para que los ciudadanos "ganen en derechos". También apuesta por la especialización técnica de los operadores jurídicos vinculados a esta parte del Derecho como jueces, fiscales, letrados, equipos psicosociales, etc.
"En Madrid hay 140 juzgados pseudo-especialidazos en Familia que son un complemento de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Tienen competencia exclusiva en esta materia y cada uno de ellos tiene adscrito un equipo psicosocial, con un psicólogo y un trabajador social", ha relatado la letrada.
¿Pero qué ocurre en pequeñas localidades? Los pequeños municipios cuentan con Juzgados Mixtos para resolver este tipo de cuestiones, llegando a compartir hasta quince juzgados un solo equipo psicosocial.
Esta situación se traduce en que mientras en Madrid un informe pericial para dirimir sobre una custodia de un menor se puede recabar en tres meses, en otra localidad como Móstoles o Getafe puede tardar año y medio.
"Estos juzgados tienen muchos menos recursos y llevan todo tipo de materias civiles incluso faltas. No tienen gabinetes técnicos especializados. Y esto produce ciudadanos de primera y de segunda en función de la localidad donde vives. Supone no dotar a los menores de los mismos derechos y de las mismas condiciones frente a la ley", ha subrayado.
Belío ha destacado que el Congreso quiere visibilizar la necesidad de impulsar una jurisdicción propia y que se incluya esta pretensión en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia que tramita actualmente el Congreso de los Diputados.
Otra de las demandas se centra en la necesidad de que todos los operadores jurídicos que tratan estos asuntos puedan recibir una formación técnica específica como ocurre por ejemplo en el caso de la violencia de género debido a que los temas de familia son cada vez más complejos al tener que resolver cuestiones en los que por ejemplo puede haber casos de hijos de gestación subrogada en parejas no casadas.
AGRAVIO AL MANDATO CONSTITUCIONAL
Por su parte, Ángela Cerrillos, presidenta de la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM, ha recalcado a Europa Press que la jurisdicción especializada en familia empezó a funcionar en los años ochenta y desde entonces se han detectado numerosas carencias que dan lugar a procedimientos largos y ha situaciones de conflictos al no haber una unificación de tratamiento para los justiciables.
"No hay igualdad del acceso de los ciudadanos a la Justicia. No hay una normativa para los equipos psicosociales ni un control, lo que no garantiza los derechos de las parejas ni de los menores", ha reseñado.
"Jueces, fiscales, la abogacía y otros operadores llevamos 30 años demandando una jurisdicción especial y especializada con recursos suficientes y en igualdad de condiciones. El Congreso quiere ser altavoz de los especialistas en esta materia", ha recalcado.
Los diferentes partidos políticos han sido invitados al Congreso para hacerles llegar con "una voz unánime" estas viejas reivindicaciones judiciales. "El acceso de los ciudadanos a la ley tiene que ser en igualdad de condiciones porque es un mandato constitucional y actualmente hay un agravio comparativo dependiendo del lugar donde se resida", ha apostillado.
