MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha reclamado este miércoles ante el Congreso de los Diputados que se le de una alternativa habitacional para Hakima El Goumari, Ahmed Tidli y sus cuatro hijos, tras dictar la el Consejo Económico y Social de la ONU que España vulneró su derecho a una vivienda digna tras ser desahuciados sin alternativa.
Según ha relatado la portavoz de la Coordinadora en rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados, esta familia experimentó un periplo por albergues sociales tras ejecutarse su lanzamiento en 2018 y quedarse en paro, que culminó en su establecimiento en una "infravivienda" del Sector VI de la Cañada Real Galiana.
"El juez no hizo examen de proporcionalidad analizando los intereses en juego. En un lado estaba una entidad jurídica con más de 150 inmuebles y en el otro, una familia vulnerable con menores y minusvalías en una situación crítica", ha aseverado la portavoz en referencia a lo recogido por el dictamen de la ONU.
En este sentido ha reclamado "voluntad política" para seguir la línea que está marcando la ONU en materia de vivienda y ha pedido por un lado a la Comunidad de Madrid que inscriba en el registro de la propiedad la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales a Azora en 2013 y al Ayuntamiento de Madrid que mejore las condiciones de albergues como el de Valdelatas y San Roque donde asegura que se dan "tratos vejatorios" y los internos "no tienen ninguna intimidad".
EL PERIPLO DE HAKIMA Y AHMED
Por su parte, Ahmed ha relatado cómo en 2018 perdió su trabajo y fue desahuciado junto a sus hijos y su mujer y cómo fu pasando por albergues y en uno de ellos su mujer perdió el niño del que estaba embarazada de 7 meses.
Tras pasar por varias alternativas públicas, acabó alquilando una infravivienda por 300 euros en la Cañada Real hace menos de un año, donde ha vivido el paso de la borrasca Filomena y los cortes de luz, donde temió por la vida de sus hijos, dos de ellos gemelos de año y medio de edad.
En este sentido, desde la PAH han pedido que en la Ley Estatal de Vivienda se incorpore un plan integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada a gente sin recursos, que se cumplan los dictámenes de la ONU --cinco en la región desde hace unos años--, aumentar el presupuesto para vivienda social, regular los alquileres a precios adecuados a los ingresos y garantizar la función social de la propiedad privada.
