Una de las partes del 'espionaje' solicitará la inhibición al TS para que se impute a Granados

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   MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Uno de los abogados defensores del caso en el que se investigan presuntos seguimientos realizados en 2008 a ex altos cargos en la Comunidad de Madrid solicitará a la juez Carmen Valcarce que se inhibe de la causa a favor del Tribunal Supremo para imputar al exconsejero, senador y diputado autonómico Francisco Granados por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

   Así lo ha adelantado el letrado Ramón González Bosch, quien defiende a los imputados José Manuel Pinto y José Oreja. Bosch ha acudido a los juzgados con motivo de la declaración judicial en calidad de imputado del ex subdirector del departamento de Seguridad Miguel Castaño, un interrogatorio que se ha prolongado durante media hora.

   Castaño ha comparecido después de que Pinto y Oreja le señalaran como una de las personas que estaban detrás de los seguimientos al exconsejero Alfredo Prada y al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Ambos imputados manifestaron a la juez que Castaño reconoció su autoría durante una reunión con Granados.

   El pasado 17 de octubre, el abogado manifestó que "Granados citó al señor Castaño" a su despacho, que estaba bajo las ordenes de Sergio Gamón y más tarde de Enrique Barón. "Tras ello, comparecieron en su despacho Palacios, Peña, Palomo y Pinto. A mi cliente le pidió perdón por desconfiar y le dijo que ahora le podía asegurar que era Castaño", recalcó su letrado.

   Frente a ello, Castaño ha negado esta mañana ante las partes tanto ser el autor de los partes como la existencia de dicha reunión, contradiciendo así a los otros dos acusados en el proceso.

   Por ello, el abogado de Pinto y Oreja pedirá a la magistrada que se inhiba de la causa para que se pueda imputar un delito de malversación de caudales públicos a Granados. "No evitó que se cometiera un delito", ha dicho el letrado en los pasillos de los juzgados.

REAPERTURA DEL CASO

   Hace varios meses, la Audiencia de Madrid ordenó por segunda vez reabrir el caso, cuya instructora había archivado al estimar que los hechos no son constitutivos de delito.

   Este procedimiento arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el 29 de febrero de 2009.

   El entonces 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

   Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.