El personal del Tribunal de Cuentas protesta por el traslado a unas oficinas privadas de Ortega y Gasset

Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 17 diciembre 2015 12:19


MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Tribunal de Cuentas ha emitido un comunicado donde protestan por la decisión de trasladar la Sede del Tribunal de Cuentas a las oficinas de la Calle José Ortega y Gasset, propiedad de la inmobiliaria Colonial, dado que la configuración del edificio "no cumple unas mínimas condiciones para el desempeño de las funciones de control y jurisdiccionales que tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas".

Según los trabajadores, las oficinas que pretenden albergar la Sede del Tribunal de Cuentas se habilitaron y diseñaron para acoger a una Concejalía del Ayuntamiento de Madrid que presta servicios de atención al público.

Además, esta medida "no se ajusta al principio de racionalidad del gasto público, ni a los de economía, eficiencia y eficacia que deben presidir la actuación del Sector Público" y que el propio Tribunal de Cuentas "tiene la responsabilidad de velar por su cumplimento".

Y es que, según han explicado, tendrán que trabajar hacinados en pasillos en un edificio de propiedad privada de 7.600 metros cuadrados, con una capacidad "muy inferior a la actual" (que se ve reducida a la mitad), por el que se va a pagar un alquiler anual de 1.800.000 euros.

Todo ello, dicen, sin que a los Órganos de Representación del personal (La Junta de Personal y el Comité de Empresa) se les haya facilitado información alguna sobre la decisión de contratar con la inmobiliaria Colonial cuando ellos consideran que las dependencias del Tribunal de Cuentas deberían albergarse en un edificio de titularidad pública.

Esta nueva decisión, han señalado, viene a sumarse al "malestar y el descontento" por el deterioro "continuado" de las condiciones de trabajo provocadas por otras actuaciones de los Órganos de Gobierno de la Institución, que el pasado mes de junio culminó en la presentación de una denuncia en la Fiscalía de Siniestralidad Laboral que ha sido admitida a trámite.

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