MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha criticado que la modificación de los estatutos de la entidad "retrotraen su situación a la de hace tres décadas, cuando se sentaron las bases de la corrupción y el saqueo de la empresa"; algo que niegan rotundamente desde la Comunidad de Madrid, que aseguran que la entidad sigue siendo 100% pública.
Según la plataforma en una nota de prensa, hoy miércoles está convocada una junta general extraordinaria de accionistas de la empresa de aguas Canal de Isabel II, con el objetivo de modificar sus estatutos sociales, determinar el número de miembros de su consejo de administración y nombrar a los consejeros que procedan.
"Estos dos últimos puntos se derivan de la modificación de los estatutos que, sin duda, se aprobará atendiendo a que solo la Comunidad de Madrid detenta el 82,4% del accionariado y que es la que la promueve", señalan.
La plataforma considera que la propuesta de modificación de los estatutos, que en ningún momento ha sido sometida a escrutinio público, "supone un retroceso y la revisión de algunas decisiones que se tomaron como consecuencia de los casos de corrupción en los que estuvo involucrado el Canal de Isabel II durante la última década del siglo pasado y la primera de éste, y que culminaron con el cese e imputación de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y del propio Canal".
"Precisamente durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, se sentaron las bases de la corrupción en tanto que se amplió su ámbito territorial de actividad más allá de la región de Madrid favoreciendo su presencia en otros territorios de España y, especialmente, en el contexto internacional, a la vez que se relajaron los controles por parte del Consejo de Gobierno hacia la empresa, se implantaron prácticas de gestión opacas y desapareció la rendición de cuentas", han denunciado.
También se diversificó la actividad del Canal a otros sectores distintos al que había sido su principal objetivo, "que no era otro que el de la gestión de los servicios del ciclo integral urbano del agua, incorporando los relacionados con la energía, las comunicaciones y consultoría, entre otros".
La asociación contra la privatización recuerda que tras los casos de corrupción se adoptaron medidas tendentes a evitar que se repitieran situaciones análogas, entre las que estuvieron la limitación de la actividad del Canal exclusivamente a la región de Madrid --recogida en los estatutos vigentes--, el abandono ordenado de la actividad internacional --apoyada en un contrato específico--, y la liquidación de las empresas del grupo Canal dedicadas a otras actividades sectoriales distintas de las del ciclo urbano del agua.
"Sin embargo, con los gobiernos de Díaz Ayuso, estas medidas han ido remitiendo hasta llegar al punto que se concreta en los nuevos estatutos, que configuran un escenario preocupante. En primer lugar, se modifica el objeto social de la sociedad, volviéndose a ampliar el ámbito territorial de su actividad, desde exclusivamente el de la Comunidad de Madrid, a otros territorios tanto nacionales como internacionales, retrotrayendo al Canal a una situación análoga de hace dos décadas cuando Gallardón y Pedro Calvo tomaron una decisión similar", critican.
En segundo lugar, se amplía sustancialmente el objeto social, algo que la plataforma considera que la convierte en "una empresa multiservicios ya que abarca, además de los asociados al ciclo urbano del agua, una amplia gama de sectores, que van desde el desarrollo y venta de energía, la información y las comunicaciones, hasta la consultoría técnica, económica o jurídica, la supervisión y dirección de obras, la promoción inmobiliaria y la gestión urbanística".
De acuerdo con los nuevos estatutos, la empresa podrá realizar sus actividades total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones de otras sociedades con objeto idéntico o análogo.
El tercer aspecto que causa preocupación e incertidumbre para la Plataforma contra la Privatización del Canal es que la entidad pase a ser un medio propio personificado de la Comunidad de Madrid, "que lo convierte en un instrumento destinado a actuar, como ya se ha puesto en evidencia, tanto en la región de Madrid como en otros territorios e incluso en el contexto internacional, en un contexto en el que se pueden eludir los controles de contratación pública y, de hecho, debilitar la administración autonómica y local de Madrid, circunstancia que es coherente con lo que se pretende con la Ley Ómnibus, favoreciendo, en definitiva, la privatización de los servicios públicos".
Por otra parte, según está asociación, con la modificación de los estatutos "se pierde la oportunidad asumir de forma consecuente los principios definitorios de los derechos humanos al agua y al saneamiento, como son la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas".
Finalmente, y en atención a la Directiva europea aprobada por el Parlamento europeo el 22 de noviembre pasado, los estatutos deberían recoger el compromiso de conseguir la paridad en la composición del Consejo de Administración en 2026, añaden.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II llama a los ayuntamientos que forman parte de la Junta de Accionistas a que se opongan a la propuesta de modificación de los estatutos y que propongan un proceso de debate abierto y participativo sobre este tema que se extienda a la ciudadanía.
LA COMUNIDAD RESPONDE
Ante estas informaciones y críticas, fuentes regionales han explicado a Europa Press que la Junta del Canal se reúne hoy miércoles básicamente para actualizar los estatutos de acuerdo a la normativa vigente.
Los más destacado es el artículo 2, referente al objeto social. Se declara a la entidad como medio propio como consecuencia de la fusión por absorción de Canal Comunicaciones, que venía prestando servicios a la Consejería de Justicia e Interior. Debe recogerse expresamente en la denominación de la empresa, "es decir, se deben incluir las siglas M.P". El medio propio es para prestar los servicios de telecomunicaciones y trunking digital que ya viene prestando, indican.
También destacan entre las modificaciones el artículo 6, sobre la transmisión de acciones. En ellas se recoge "la garantía de la naturaleza pública 100% del capital de la compañía en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2018, que así lo garantizó en su momento".
"Sólo pueden tomar acciones la Comunidad de Madrid y las entidades locales, por lo que señala la plataforma sobre del ámbito territorial, los estatutos no modifican nada de eso", han recalcado a Europa Press las mismas fuentes.
