Los votos del PP impiden que se cree una Comisión de Seguimiento para comprobar la aplicación de la sentencia judicial
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, manifestó hoy su rechazo a que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que confirma la ilegalidad de entre el 60 y el 70 por ciento de los desarrollos urbanísticos de la capital incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, cuestione el modelo urbano promovido por el Partido Popular, "que crea riqueza y bienestar", y argumentó que el fallo se refiere sólo "a una cuestión de forma, no de fondo".
La sentencia a la que hizo referencia la edil popular hoy en el Pleno es la que el TS dictó el pasado día 3, en la que obligaba a Ayuntamiento y Comunidad Autónoma a justificar la reclasificación en 1997 de terrenos no urbanizables protegidos para hacer nuevos barrios.
En aquel momento, el entonces portavoz socialista, Juan Barranco, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión de destruir el anillo verde que rodeaba la ciudad construyendo en 28 espacios de la ciudad protegidos desde 1985.
El TSJM falló, en marzo de 2003, a favor del PSOE, y el Partido Popular presentó recurso ante el Supremo, que emite ahora un fallo que mantiene la ilegalidad de las recalificaciones de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y camino de los Caleros, entre el 60 y el 70 por ciento del total del PGOU de 1997, pero considera legales otras de las construcciones denunciadas entonces.
Sin embargo, los populares consideran ahora que la decisión del TS se refiere sólo a la forma del Plan de Urbanismo, y que no cuestiona el fondo del modelo urbanístico, que la concejala socialista Noelia Martínez tildó de "especulativo feroz".
"El Partido Popular ha dejado claros sus valores en este asunto, la especulación, y sus intereses, que no son los ciudadanos sino las promotoras y las empresas privadas", criticó la socialista, que añadió que "la decisión de reclasificar esas zonas del anillo verde no sólo ha supuesto un perjuicio para la ciudad sino también para todos los madrileños".
Sin embargo, la delegada de Urbanismo explicó que el Gobierno municipal dará a conocer "los pasos, las actuaciones y el calendario cuando el órgano competente, es decir, la Comunidad de Madrid, requiera la aplicación de la sentencia y, a partir de ese momento, habrá dos meses para dar justificar por qué se decidió recalificar esos terrenos".
"En cuanto el Ayuntamiento sea notificado oficialmente del fallo, se procederá a subsanar el vicio de forma hallado por el Tribunal", explicó la delegada de Urbanismo, es decir, la falta de justificación de la reclasificación de zonas verdes especialmente protegidas.
Estas explicaciones no son suficientes para los partidos de la oposición, que se preguntan por qué, "sabiendo desde hace diez años que la sentencia final sería ésta, no se tomaron antes medidas correctoras, las mismas medidas que se tomarán ahora, para así haber evitado que el problema se hiciera más grande y más difícil de resolver".
El PSOE aprovechó también el Pleno Municipal para solicitar al Gobierno local información documental gráfica, información clara al ciudadano y la constitución de una Comisión de Seguimiento, propuesta que apoyó Izquierda Unida, cuyo portavoz municipal, Ángel Pérez, la calificó como "razonable para todos". Sin embargo, los votos contrarios del PP impidieron que la proposición prosperara.
Pilar Martínez también pidió al PSOE y a IU que "no siembren la alarma social, porque el fallo del TSJM no paralizó las obras, lo que significa que todo lo construido es legal", a lo que Noelia Martínez respondió que "el Partido Popular debería unirse de una vez a la solución, alejarse del problema y asumir sus responsabilidades políticas en este asunto".
