MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS)
La gestora del PP de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha aprobado este jueves el nuevo código ético para el partido que, entre las novedades, incluye la obligación de los miembros del partido de dimitir de sus responsabilidades en el caso de resultar investigados por un delito de corrupción u otros que generen alarma social.
Así se recoge en el texto aprobado, que será de aplicación inmediata al día siguiente de su publicación en la web del partido, y donde se destaca que los partidos "no pueden permanecer ajenos a las medidas de regeneración que demandan los ciudadanos y que se están adoptando en otras instituciones y organizaciones, como es el caso de la Comunidad de Madrid".
Así, recuerda que el Partido Popular ya prevé en sus Estatutos unas obligaciones de contenido ético y deontológico que deben asumir todos sus cargos públicos u orgánicos, y que recientemente, se ha aprobado, además, un Código de Buenas Prácticas que profundiza en estas obligaciones.
Sin embargo, este nuevo Código Ético del Partido Popular de Madrid pretende "profundizar aún más, si cabe, en estos principios éticos, y será de aplicación a los miembros de la Comisión Gestora, Presidentes y Secretarios Generales, Locales y de Distrito, en la Comunidad de Madrid".
Asimismo, la Comisión Gestora se compromete a llevar al próximo Congreso Regional del Partido la ratificación del código, así como la correspondiente propuesta de reforma estatutaria en orden a la aplicación del mismo también a los cargos electos del Partido en la Comunidad de Madrid.
Como novedad, y con independencia de la "estricta aplicación del régimen disciplinario regulado en los Estatutos del Partido Popular", este texto prevé unas causas que, "por su gravedad, determinarán la renuncia voluntaria e inmediata por parte de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Código".
Con ello, "se busca garantizar el compromiso absoluto de quienes ejercen funciones especialmente relevantes con los principios democráticos por los que se rige nuestro Partido", han explicado desde el partido.
Finalmente, como medida para asegurar el cumplimiento de los principios y, cuando proceda, de las causas de renuncia voluntaria, se dispone la obligación de suscribir una declaración de compromiso con el Código Ético, y, "para una mayor transparencia", la obligación de presentar una declaración de actividades, bienes y rentas.
RENUNCIA VOLUNTARIA
Con este Código renunciarán voluntariamente al cargo o responsabilidad que ostenten los miembros del partido que sean investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional, o, en su caso, ser condenado, aunque la sentencia no haya alcanzado firmeza, por delitos dolosos perseguibles de oficio, a propuesta del Comité de Derechos y Garantías.
Aquellos acusados de cooperar necesariamente con una organización, sociedad o entramado societario, "con la finalidad de carácter criminal de cometer fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos económicos, delitos de corrupción o cualquier otro delito contra la Administración Pública".
También en el caso de dar, ofrecer, aceptar o solicitar de forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en atención al cargo o responsabilidad que ostente, "que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros".
Es de aplicación este punto a aquellos que se aprovechen de su cargo o o responsabilidad "para forzar o facilitar oportunidades de negocio o participar en aquéllas de las que tenga conocimiento en tal condición", o los realicen "un uso indebido del dinero público o del Partido o valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales o de otro orden".
Por último, también se verán afectados todos aquellos que incurran en una falta grave de ejemplaridad respecto a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD
Entre los principios del Código, se destaca que las personas afectadas por el mismo "actuarán con transparencia, objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, distinguiendo claramente las actividades públicas de las privadas y las del Partido".
También deberán actuar "con diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia" así como con respeto institucional y velarán en el desempeño de sus funciones por el interés público y el servicio a los ciudadanos.
Además, deberán tratar a los ciudadanos y a cualquier persona con la que tengan relación en función de su cargo y responsabilidades "con la debida consideración y dignidad" y desempeñarán su actividad con "pleno respeto a la normativa de incompatibilidades que, en su caso, les resulte de aplicación".
Asimismo, "evitarán intervenir en asuntos que puedan generar conflictos entre los intereses propios del cargo o responsabilidad que ostenten y sus intereses personales o los de sus familiares o allegados y no aceptarán regalos ni favores o servicios en condiciones ventajosas prestados por razón del cargo o responsabilidad que ostenten que superen los usos habituales, sociales o de cortesía", recoge el texto.
Este Código también incluye que los populares madrileños "no se valdrán de su posición para obtener ventajas personales o patrimoniales, para sí o para terceros" y que se abstendrán de influir en la tramitación o resolución de los procedimientos administrativos, de contratación pública, de subvenciones o cualquier otro que implique el uso de recursos públicos.
TRASLADO A LA FISCALÍA
"Actuarán con ejemplaridad y evitarán cualquier actividad o conducta que pueda dañar la imagen de la institución u organización a la que pertenecen", concluye el capítulo de este Código, cuya aplicación tendrá que ser garantizada por parte del Comité de Derechos y Garantías.
En el supuesto de que el Comité tuviera conocimiento de la comisión de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito dará traslado del mismo, a través de la dirección del Partido Popular de Madrid, al Ministerio Fiscal.
Todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código deberán suscribir ante el Comité de Derechos y Garantías una declaración por la que se comprometan expresamente a acatar sus principios generales.
En la declaración deberán, además, prestar juramento o promesa de que en el momento de su suscripción no concurre ninguna de las causas de renuncia voluntaria, "comprometiéndose a presentar la renuncia a los cargos o responsabilidades que ostentan si en el futuro llegaran a incurrir en alguna de las causas".
