MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes ante el Registro de la Asamblea de Madrid un proyecto de Ley para eliminar la institución del Defensor del Menor, según han confirmado a Europa Press fuentes de este partido.
Así, del mismo modo que se creó hace 16 años este comisionado, dependiente del Parlamento regional, ahora será un proyecto de ley, que se debatirá a mediados de junio en la Asamblea, el que previsiblemente suprima esta institución. La eliminación cuenta con los votos a favor del PP y de UPyD.
Precisamente, anoche el Defensor del Menor, Arturo Canalda, presentó ante la Cámara autonómica su último informe anual. La diputada 'popular' Beatriz Elorriaga afirmó que la desaparición de esta institución era "triste" pero necesaria. "Es producto evidente de la triste y dura situación que está viviendo este país que ha llevado a todas las instituciones a tener unas políticas de austeridad muy claras", apuntó.
Además, la parlamentaria del PP señaló que su actividad puede asumirla por un lado el Instituto del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, y por otro, la parte de la tramitación de las quejas, el Defensor del Pueblo, que tiene un departamento dedicado exclusivamente a temas sociales.
Por el contrario, la diputada autonómica socialista Matilde Fernández indicó que la eliminación de la institución sólo se podría ahorrar el alquiler de la sede y que apuntó que se dejaría "desnudo de un pequeño un órgano de defensa de los derechos de la infancia" al millón trescientos mil niños que viven en la región.
En la misma línea, la parlamentaria madrileña de IU Pepa Amat manifestó que la supresión de este comisionado no supondrá ahorro y que los informes de Canalda "por mucho que quisiera retorcer la historia para no dejar demasiado mal al PP, no dejaba de presentar un escaparate que representaba cómo estaba la situación de los menores en muchísimos temas como la pobreza, la inmigración y la educación".
Por último, UPyD insistió en que esta figura supone "una redundancia" y que sus funciones para salvaguardar los intereses de los menores madrileños las tiene que realizar el Defensor del Pueblo español.
