MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo detectó el año pasado el incremento de problemas sobre la escolarización de menores en la Cañada Real Galiana, así como un aumento de situaciones de riesgo de menores en el ámbito familiar debido a la crisis económica.
El informe presentado esta noche por el defensor del Menor, Arturo Canalda, en la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la crisis económica y social repercute en los menores de edad y sus familias como problema "reincidente" y que por ello las familias reclaman mayor atención por parte de los poderes públicos, siendo el comisionado el cauce para dichas demandas.
El Defensor del Menor ha vuelto a calificar de "lamentables" las condiciones de vida en que se desenvuelven los menores de edad que viven en los poblados chabolistas. Ha señalado que la aplicación de la Ley de la Cañada Real Galiana pretende crear un "marco normativo" que acometa la situación de los poblados en esta zona, sirviendo de instrumento para implementar planes y proyectos que culminen con la eliminación de la grave situación de deterioro de estos núcleos marginales, mejorando las condiciones de vida y la atención a las familias y los menores.
No obstante, ha apuntado que la situación de los sectores 1,2,3,4 y 5 de la Cañada es mejor que la del Sector 6, "afectado por realidades extremas de marginalidad con el problema de exclusión y de inseguridad que ello conlleva, sin olvidar la problemática que sigue asolando al poblado de El Gallinero, uno de los poblados chabolistas más afectados por la pobreza y marginalidad".
El departamento dirigido por Canalda ha denunciado que un año más ha observado un incremento de situaciones relacionadas con problemas concretos que afectan a la escolarización de los menores residentes en estos entornos. "Es necesario combinar las medidas políticas en materia educativa con otras para así lograr la plena integración social de los más pequeños en las familias residentes de estos entornos", añade.
Entiende que en los casos que afectan a menores residentes en estos asentamientos es imprescindible una labor de seguimiento, prevención y lucha contra el absentismo escolar, no solo una vez que se incorporan a los centros ordinarios, sino antes de su incorporación a los mismos, estableciendo actuaciones concretas de cara al comienzo de curso escolar que propicien y favorezcan la incorporación a los colegios.
"La propia situación de mendicidad en sí supone un claro indicador de riesgo y/o desamparo, y serán los propios Servicios Sociales los que, en su caso, deberán proponer la oportuna medida de protección", apunta el informe.
Asimismo, el estudio señala la falta de atención a los menores que en muchas ocasiones viven en condiciones insalubres y de inseguridad, como ha ocurrido en numerosos expedientes relacionados con las condiciones de viviendas que no cumplían requisitos mínimos de habitabilidad, al no poder hacer frente las familias a su necesario mantenimiento, debido a la falta de ingresos por la situación de desempleo de los progenitores.
En este sentido, el Defensor del Menor pone de manifiesto que este año se han incrementado las situaciones de riesgo producidas en el seno de la familia, concretamente familiares directos o indirectos que quieren poner de manifiesto una posible situación de abandono, falta de atención o desprotección de menores de su entorno familiar, "siendo harto complicado tomar la decisión de acudir a un organismo y poner en su conocimiento este tipo de casos".
