Prada, sobre el Campus de la Justicia: "Mi capacidad política era 0 y mi interés -10"

   MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS)  

   El exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha insistido hoy en que el fallido proyecto de Campus de la Justicia "no fue personal", sino una actuación del Gobierno regional, presidido entonces en su primera legislatura por Esperanza Aguirre.

   "Mi capacidad política era 0 y mi interés -10", ha resumido así Prada su grado de implicación en este proyecto en la comisión del estudio de la deuda de la región celebrada en la Asamblea de Madrid, en la que ha respondido a cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios respecto a su gestión en el malogrado y costoso plan de crear Campus de la Justicia.

   "Fue una actuación que siempre se hizo desde la legalidad y transparencia y ninguna auditoría pública, ni la intervención, ni las consejerías de Hacienda ni ninguna auditoría privada reveló ninguna tacha de ilegalidad. Se han podido cometer errores pero si los cometí lo hice desde la buena fe de la creencia y desde la legalidad", ha dicho.

   El exconsejero de Justicia ha señalado en un momento de la intervención que el que decidía la intervención y la contratación de las obras era el Consejo de Gobierno, a través de un "concurso público, con la mejor oferta técnica y económica". Precisamente, la obra de urbanización fue adjudicada a la UTE formada por las empresas constructores Begar y Aldes.

   Alfredo Prada ha señalado, ante la estupefacción de algunos diputados de la oposición en la comisión, que dicho expediente de contratación fue elevado al Consejo de Gobierno no por él, sino por el entonces vicepresidente primero, Ignacio González. "Yo no estuve ni en ese Consejo", ha apostillado.

LOS INICIOS DEL PROYECTO

   En su primer turno de intervención, el también exdiputado del Congreso ha comenzado apuntando que la comisión de Endeudamiento tiene como objetivo estudiar casos de las dos últimas legislaturas, periodo en el que él ya no era miembro del Gobierno regional para, a continuación, asegurar que "no hay nada que esconder".

   Luego ha relatado que a principios de la década pasada todos los actores judiciales y todos los partidos políticos estaban de acuerdo con la idea de agrupar en un sólo punto todos los órganos judiciales madrileños y, tras barajarse varias localizaciones, se decidió que el mejor punto era Valdebebas. "Y no fue por capricho, sino porque tenía que estar dentro del partido judicial de Madrid capital", ha apostillado.

   "Este proyecto se inicia con un concurso internacional de ideas. Y con un equipo técnico, que no político, asignado a un conocido despacho madrileño, que es el que se encarga de adjudicar el modelo a desarrollar, y el que decide que todos los edificios sean circulares y demás. Yo en esa época llevaba las áreas completas de Interior, Justicia, Administración Pública y demás organismos y yo no podía, por lógica, dedicarme a todo",  ha justificado.

   Prada ha recordado que el proyecto se inició en 2005 en una época de esplendor económico y "todo iba bien en aquellos años". Fue en 2007 cuando se colocó la primera piedra del Campus, un acto que, según algunos medios, costó más de 1,5 millones de euros, 900.000 de los cuales fueron a parar a un audiovisual para promocionar el proyecto.

   El exconsejero ha aseverado este mediodía que ese dinero no lo puso la Comunidad, sino las empresas adjudicatarias, como tenían obligación de hacer. "Siempre había patrocinios", ha dicho.

   "Ese vídeo lo pagaron las empresas y se hizo un documental porque el proyecto había que mostrarlo por el mundo, porque había que vender el edificio de Plaza de Castilla (donde están las sedes principales de los juzgados madrileños). Había que hacer márketing y publicidad. No sé cuánto cuesta hacer ese tipo de documentales. El otro día estuve viendo una documental sobre Colombia y me dijeron que valía seis millones de dólares. La Comunidad quería promocionar su proyecto con un atractivo desde el minuto uno", ha esgrimido.

   El proyecto era de tal envergadura, ha subrayado en otro momento, que hasta algunas cajas de ahorro alemanas vinieron a Madrid para interesarse por el proyecto y "quisieron adquirirlo en régimen de concesión". "Era un proyecto que transcendía nuestras fronteras", ha llegado a destacar.

   Alfredo Prada también ha sostenido que "en aquellos años" ellos eran "rigurosos en el cumplimiento de la legalidad". Y que, posteriormente, cuando por la crisis el proyecto "megalómano", en palabras de la propia Aguirre, se desechó, el sustituto de Prada en la cartera de Justicia, Francisco Granados, encargo a una importante empresa auditora fiscalizar las cuentas del Campus.

   "Auditó de arriba a abajo las cuentas y nunca hubo ni la más mínima tacha. Todo se hizo bien, en el marco de transparencia y legalidad. Todo los gastos están acreditados", ha apostillado el exvicepresidente segundo, respondiendo así a las preguntas de la oposición sobre gastos supuestamente desmedidos en determinados contrataciones.

"AQUELLO NO ERA EL EJÉRCITO DE PANCHO VILLA"

   El que fuera director de la empresa pública Campus de la Justicia hasta 2008 ha señalado que el personal y las empresas externas contratadas para publicitar y diseñar el Campus "no era el ejército de Pancho Villa, sino unas empresas sometidas a las órdenes de la Comunidad, fiscalizado por todos y cada uno de los contratos".

   No obstante, Prada ha reconocido que fue "un proyecto fallido" y que los más de 105 millones de pérdidas que ha supuesto este proyecto se deben, a su juicio, por el retraso de la liquidación de este proyecto de 2008 a 2015. También ha asegurado que las exposiciones sobre el Campus y las maquetas que se realizaron y que costaron una gran cantidad de dinero se hicieron para promocionarlo y una de ellas a petición de los propios funcionarios de la Justicia.

   El exconsejero ha señalado, entre otros gastos del Campus, que llegaron a trabajar hasta 500 personas en el proyecto y que se llegó a contratar a varios directores de seguridad porque se preveía que por esas instalaciones de Valdebebas pasarían más de 100.000 personas y funcionarios todos los días.

TARJETAS Y ESPÍAS

   Prada también ha tenido que responder en comisión a otros asuntos planteados por los partidos de la oposición. Así, respecto a la información publicada hoy por el diario 'El Mundo', que revela que cargó 24.000 euros de gastos al Campus de la Justicia, el supuesto implicado ha explicado que se trata de una tarjeta de la sociedad "para los viajes y gastos" de dicha sociedad, no personales.

   "Me parece que en un año solo hubo una comida. Puedo recordar que se utilizó para reuniones de jurados de valoración de arquitectos, en los que participaban, además de técnicos del colegio de arquitectos, el fiscal jefe de la Comunidad o el juez decano de Madrid", ha justificado.

   Por otro lado, ha sostenido que el caso del supuesto espionaje y seguimientos al que fue sometido por miembros de la Comunidad de Madrid cuando dejó el cargo junto al exvicealcalde Manuel Cobo, "no tiene nada que ver" con el campus de la Justicia, al contrario de lo que ha manifestado Podemos, que sostiene que puede existir una implicación entre ambos asuntos.

   Por último, ha pedido a los diputados de la oposición (PSOE, C's y Podemos) que "reflexionen" sobre la idea de aglutinar todas las sedes judiciales en un mismo punto, algo que sigue creyendo acertado. "Y el mandato ciudadano les obliga a retomar un proyecto de estas características para que la Justicia funcione, tenga o no valor arquitectónico", ha apuntado.

   De hecho, aunque en alguna ocasión ha cuestionado que algunas cosas se pudieron hacer mal o el criterio de contratar a expresas externas para implantar el Campus, Prada lo ha defendido como "una apuesta por la cultura y el arte dentro de la legalidad". "Apostamos por el arte y la cultura. Y eso no se puede discutir", ha finalizado.