Una presunta víctima de violencia de género niega ahora que su marido le pegara y fiscal lo achaca a temor a represalias

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de etnia gitana que fue drogada y atada a una pata de una cama para ser golpeada en su domicilio de Villa de Vallecas ha negado ante la jueza que fuera su marido --que ya fue condenado por malos tratos-- el autor de los hechos, lo que la fiscal ha achacado a "temor a represalias y a su cultura".

Así lo ha defendido esta mujer durante la sesión del juicio, ya visto para sentencia, celebrado este jueves en la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que tanto el acusado, como la presunta víctima y sus hijos --comparecientes como testigos-- han negado, contradiciendo sus anteriores declaraciones, que fuera su padre el que ató a la mujer en la cama, la drogara y la golpeara con un palo de madera con punta metálica durante varias horas el 24 de agosto de 2016.

El acusado, José C.S., --que cuenta con una condena previa de 9 meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar, por los delitos de detención ilegal y lesiones-- ha dado su propia versión de los hechos, corroborada posteriormente por su hija mayor, y ha defendido además su inocencia.

El hombre, según su propio relato, se habría personado en el domicilio de su mujer --con la que ya no vivía motivo de la anterior condena del año 2013-- para recoger a sus hijos. Allí, vio a su mujer "muy nerviosa y dando golpes" y se marchó. Horas después, su hija le llamó para decirle que la Policía la estaba buscando por haber pegado a su madre. Él, voluntariamente, se habría entregado a la Policía.

Tras la declaración de José C.S., la presunta víctima, antes incluso de llegar a sentarse en el banquillo para prestar declaración como testigo, ha esgrimido que su marido no era el culpable de los hechos, sino un hombre con el que se veía a menudo de nombre Peter y vecino también del barrio. La mujer ha recordado que su marido tiene una orden de alejamiento de 500 metros.

A continuación, la mujer ha negado que denunciara a su marido en un primer momento --como recoge el atestado policial--, y lo ha achacado a que "estaba drogada". "No sabía ni lo que decía", ha apostillado, y ha vuelto a acusar a Peter de amenazar de muerte a su hija mayor y su perra si revelaba que él había sido el responsable del maltrato. "Peter le dijo a mi hija que acusara a mi marido, por eso ella me contó esa historia y yo se lo dije así a la Policía", ha defendido.

La hija mayor, de 13 años, ha suscrito punto por punto la versión de su madre pero, sin embargo, su hermana menor ha revelado, en la primera pregunta de la fiscal, que traía la declaración preparada, a lo que la representante del Ministerio Público ha decidido no continuar con su interrogatorio.

Una vez han finalizado las declaraciones de los testigos, los dos agentes de la Policía Municipal de Madrid que realizaron la intervención han confirmado que la víctima les dijo en el lugar de los hechos que mantuvo una discusión con su marido, así como que estaba "aturdida". Además, han explicado que los tres hijos de la presunta víctima apuntaron a su padre como autor material. "Los tres le decían a su madre que lo dijera", ha contado uno de los policías.

PERITOS: "LA MUJER HA DADO VARIAS VERSIONES CONTRADICTORIAS DELIBERADAMENTE"

En el turno de la prueba pericial, dos trabajadoras sociales que realizaron un informe conjunto de la mujer han señalado que ésta dio "versiones contradictorias", y que en algún momento alegó que era producto de su "cultura de etnia gitana".

"Ella minimiza todos los actos de violencia, pero ha estado en diez centros de acogida diferentes por maltrato de su marido y de una pareja anterior", ha asegurado una de las trabajadores sociales, mientras que otra ha visto "bastantes incoherencias deliberadas en sus versiones para exculpar a su marido por temor a represalias".

RELATO DE LA FISCAL

La fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, en las que solicitaba 10 años de prisión para el acusado. La representante del Ministerio Público ha atribuido las "múltiples y contradictorias versiones ofrecidas" al temor de la mujer a represalias por parte de su marido y a la "particular cultura que rige la etnia gitana". "No sería la primera vez que este tribunal ve algo así", ha apuntado, para terminar puntualizando que "podrán tener sus propias leyes pero solo hay una que vale".

En su escrito de acusación, la fiscal sostiene que el 24 de agosto de 2016 José C.S. acudió a las 23 horas al domicilio donde residía su mujer, con la excusa de ver a su hijo. Una vez en el interior de la vivienda comenzó a insultar a la mujer y bloqueó la puerta de salida. Le llamó "puta" y le dijo que "iba a ganar dinero zorreando" para él. "Vas a comer la boca y la lengua de todo el mundo", le soltó.

A continuación la introdujo "contra su voluntad" en el dormitorio principal y la ató a la cama. Fue entonces cuando el acusado cogió un palo de madera con punta metálica y comenzó a propinarles durante varias horas "numerosos" y "violentos" golpes por todo el cuerpo, "llegándole a obligar a ingerir benzodiacepinas, cocaína y opiáceos".

Sobre las 9 horas del día siguiente pidió a su hija mayor, que era menor de edad, que comprara un candado con el que, haciendo uso de una cadena que entrelazó entre la pata de cama y el cuello de víctima, lo cerró y la dejó en el cuatro "impidiendo toda posibilidad de huida". El acusado se marchó poco después del domicilio y unos 45 minutos después fue liberada por su hijo de ocho años.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellos un traumatismo cefálico, facial, en las extremidades, dorso-lumbar y glúteos, además de una intoxicación involuntaria de benzodiacepinas, cocaína y opiáceos, además de equimosis por varias partes de su cuerpo. Estuvo hospitalizada y tardó en curarse diez días.