MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado socialista en la Asamblea de Madrid Jesús Dionisio ha denunciado este lunes la celebración en la finca pública de la Dehesa de Sotomayor de Aranjuez de un evento de carácter privado, la boda de la hija del adjudicatario, Alonso Carmelo Mencos Valdés, entre otras irregularidades.
Tal y como ha explicado el diputado socialista, según un comunicado, la Comunidad adjudicó a principios de 2011 la explotación de la Dehesa de Sotomayor a la empresa Ocio Sotomayor S.L., con el fin de que se dedicase a la explotación agropecuaria y se fomentara la reactivación económica de la zona.
Los socialistas cuestionaron dichos criterios porque desvirtuaban el valor paisajístico, cultural e histórico de esta finca de Aranjuez, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad, y reclamaron en reiteradas ocasiones su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que el PP no asumió.
En febrero de 2014, según el relato del parlamentario, los socialistas denunciaron tanto en los juzgados como ante las Direcciones Generales de Urbanismo, de Patrimonio y de Medioambiente los movimientos de tierra sin licencia, sin calificación urbanística y sin declaración de impacto ambiental realizados en cerca de 2 hectáreas de esta finca, en una zona calificada como ZEPA.
Y si eso no fuera suficiente, ha añadido Jesús Dionisio, dicha finca alberga en octubre de 2014 una celebración privada: la boda de la hija del adjudicatario de la explotación.
"No se cumplen con las obligaciones del contrato de adjudicación, no se ejecutan las obras de rehabilitación para las que hay autorización sino otras diferentes, se hacen movimientos de tierras sin autorización en un espacio altamente protegido y en vez de utilizar esa finca para dinamizar la economía local mediante un proyecto razonable y compatible con esa finca, el adjudicatario la dedica a celebraciones particulares sin licencia de funcionamiento ni actividad en un edificio que está legal y jurídicamente en obras", ha denunciado Dionisio.
A su juicio, todo esto constituye una "barbaridad" y un "atropello", bajo "mirada a otro lado de la Comunidad de Madrid, que es la responsable de tutelar que esa finca se utilice para los fines para los que se adjudicó el contrato".
