PSM presenta 3.735 firmas en la Asamblea contra el despido de 684 conserjes de la Comunidad desde noviembre

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado en el registro de la Cámara autonómica 3.735 firmas de ciudadanos contra el despido de 684 conserjes de la Comunidad de Madrid que se han producido desde el mes de noviembre.

En rueda de prensa en el Parlamento regional, la diputada socialista Amparo Valcarce ha denunciado que se han despedido a 684 auxiliares de control e información de la Comunidad de Madrid desde noviembre, de los cuales 307 pertenecen a la Consejería de Educación; 103, a Sanidad, 128, al Instituto Madrileño de Salud; 64, a Presidencia y Justicia; siete, a Medio Ambiente; ocho al Instituto Madrileño del Deporte; nueve, al IVIMA; 12, a la Consejería de Economía y Hacienda; 34 Instituto Madrileño del Menor, y otros doce e otras dependencias.

Valcarce ha señalado que los despedidos son empleados públicos con una antigüedad media superior a 15 años, y ha exigido la inmediata readmisión de estas personas. A su juicio, su despido "lo único que abre es la puerta a la privatización", que "lo único que significa es paro y pobreza".

Valcarce ha explicado también que los afectados ya han presentado sus demandas en Magistratura y ella ha pedido al consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria su "inmediata readmisión".

Además, ha indicado que en 2008 firmaron y pagaron su oposición, que no se llevó a cabo, y ha criticado que ahora han sido "cruel y despiadadamente estafados por el Gobierno regional".

"SANGRÍA A LOS TRABAJADORES"

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha considerado que es "una auténtica sangría a los trabajadores", que tiene como consecuencia "más paro y menos cobertura de servicios públicos para la ciudadanía madrileña".

Así, ha exigido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la readmisión "inmediata" de estas personas y que se cumpla el acuerdo de realización de pruebas para consolidación de plazas, que "debería haberse cumplido en mayo de 2008 y no tuvo efecto".

"Se trata nuevamente de la privatización de servicios, que tiene como víctimas a ciudadanos y como víctimas directa a 684 empleados públicos", ha apuntado para destacar que llevarán iniciativas parlamentarias al respecto.