PSOE avisa de que hay "chapuzas" con posibles efectos jurídicos en la tramitación de los cambios en el PGOU

EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha tildado de "nueva chapuza" la tramitación de los cambios para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba nulos una veintena de planeamientos urbanísticos, y ha aseverado que "las prisas" del Consistorio por tener lista la reforma en agosto puede tener consecuencias jurídicas.

En rueda de prensa, Lissavetzky ha asegurado que el 16 de mayo el Gobierno local adoptó un acuerdo que, en su punto tercero, solicitaba un informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad a la par que abría un periodo de alegaciones al proceso.

Ello se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos en contra de la oposición, la revisión parcial del plan general de Urbanismo del 85 y la modificación del de 1997 para adaptarse a la sentencia del TS que anulaba una veintena de desarrollos urbanísticos por la falta de justificación a la hora de declarar los suelos urbanos.

No obstante, Lissavetzky ha explicado que ambos procesos no pueden superponerse puesto que el trámite de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que ese informe debe realizarse posteriormente a la realización de todos los procesos iniciales, incluido el de la consulta ciudadana. Ello podría generar inseguridad jurídica en caso de aprobarse definitivamente.

Por tanto, el portavoz socialista ha relatado que, por agilizar los plazos para tener listo los cambios, el Ayuntamiento pide un informe sin que aún se tengan listas las alegaciones, lo que a su juicio supone "un terrible error" que puede acarrear consecuencias jurídicas "si alguien denuncia" el proceso, lo cual perjudicaría a los ciudadanos que están pagandos sus pisos y a los promotores.

PROPOSICIÓN PARA CORREGIR LA SITUACIÓN

En este sentido, su grupo municipal presentará en el próximo Pleno del 26 de junio que se revoque el artículo tercero que remite la petición de informe e insta al Gobierno local al seguimiento escrupuloso de la legalidad en la tramitación restante del PGOU al objeto de garantizar la seguridad jurídica.

La Proposición indica que el Ayuntamiento podría incurrir en un "fraude de ley" al acelerar la realización del informe. Aparte, recuerda que el motivo de ese trámite es garantizar el derecho a la participación de todos los ciudadanos en asuntos de información pública. En este sentido, los socialistas consideran que la tramitación tiene "potencial impugnación".

Al respecto, Lissavetzky ha recordado que su grupo advirtió al Ayuntamiento que los plazos que marcaban no podían cumplirse y ha instado a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, a dar "marcha atrás" y seguir el camino correcto para garantizar que la revisión llegue a buen puerto. Por tanto, recalca que en lugar de agosto programe para otros dos meses (octubre) y cumplir los cauces legales establecidos.

También le ha reprochado que esta situación se debe a que no ha consensuado con la oposición esta medida y ha remarcado que la tramitación seguida por el equipo de Gobierno municipal muestra su actitud "cabezona y chulesca".

"No podemos ser cómplices de esto", ha aseverado el edil socialista, Marcos Sanz, que ha acompañado a Lissavetzky en su comparecencia, para indicar que el informe de la Consejería debe estudiar también las alegaciones presentadas.

Mientras, Lissavetzky ha asegurado que la gestión de Botella parece una "oficina de chapuzas" y que ahora, desde la "amistad fría", avisa al Consistorio del error cometido para que lo subsane. "Luego ya veremos", ha indicado a preguntas sobre la posición de su grupo si el Consistorio no cambia su postura.