La delegada recuerda que se recortaron contratos siguiendo instrucciones estatales pero que los trabajadores despedidos son "muy pocos"
MADRID, 22 Nov. ( EUROPA PRESS) -
Los intereses por la demora en el pago a las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y conservación de parques y jardines en la capital pueden superar los 32 millones de euros, según ha aseverado el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Santín, en la comisión ordinaria del ramo.
A eso ha añadido que algunas de esas empresas están "al borde del colapso, de la asfixia económica como ustedes (a los representantes del PP) dicen". La situación puede derivar en situaciones catastróficas como "suspender el servicio o no pagar a los trabajadores", ambas con idéntico resultado. Además, el Ayuntamiento puede verse obligado a hacer frente a las demandas por daños y perjuicios de las empresas por la deuda acumulada con ellas.
Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha explicado que no se puede hacer una estimación de los intereses de demora ya que es algo que pueden reclamar o no las empresas. Sí ha informado con exactitud de que en este ejercicio y hasta la fecha se han finalizado expedientes de reconocimiento de intereses de demora a las empresas que los han solicitado para confirmar, una vez finalizada la comisión, que se debe "todo el año".
La 'popular' ha recordado durante la sesión que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con las principales entidades financieras para que abonen a las empresas que lo necesiten y soliciten el importe de las certificaciones pendientes de pago correspondiente a los últimos meses del año 2009. Con esta operación de 'confirming' se evitarían "perjuicios a empresas y trabajadores", ha defendido.
Una vez más, Botella ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid tuvo que hacer frente al decreto de 20 de mayo del Gobierno central de reducción del gasto. "Hubo personajes en su grupo, como Pedro Castro o Tomás Gómez --porque ustedes (en relación a los que apoyaron a Trinidad Jiménez en las primarias socialistas) se colocaron mal, por cierto--, que pidieron solidaridad a todos los ayuntamientos del PP de la región, que son casi todos", ha declarado.
Eso llevó a la rebaja de los contratos, a que no se cubran jubilaciones y que no haya suplencias para añadir, a renglón seguido, que los despedidos son "muy pocos". También ha insistido en que el Ayuntamiento no es responsable de la gestión de ese personal, algo que corresponde a las concesionarias, aunque sí determinó en las modificaciones a la baja de los contratos que se tuviera como prioridad fundamental que los trabajadores se vieran mínimamente afectados. "Creo que ha sido así", ha apostillado.
Santín, por su parte, ha insistido en los perjuicios que para los madrileños tiene la demora en los pagos ya que, con la ley en la mano, pueden resolver unilateralmente el servicio sin penalización alguna si se supera en ocho meses el retraso de los pagos exigiendo además una indemnización a la Administración por daños y perjuicios. "Significa que la morosidad tiene un coste para los madrileños al pagar intereses de demora, que hoy están por encima de los 32 millones de euros", ha reiterado.
El socialista también se ha preguntado por qué en su momento no se hizo una reserva de crédito para hacer frente a los contratos. El edil ha propuesto "un plan de pagos con calendario a la empresa o una quita de la deuda que tienen".
