MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista ha valorado este martes que es "un paso imprescindible" que el juez haya admitido su personación como acción popular en la causa abierta contra Luis Medina y a Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario.
"Hemos hecho las cosas bien y se ha admitido al Grupo Municipal Socialista como parte del procedimiento. Es un paso importante para nosotros, imprescindible", ha señalado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.
A ello, ha añadido que desde su partido se niegan a "normalizar el saqueo de lo público". "Vamos a seguir peleando por depurar las responsabilidades políticas y llegar hasta el final. Los madrileños merecen saber dónde está su dinero y por qué", ha expresado.
El juez Adolfo Carretero ha incidido en un auto dictado este martes en la "gravedad" de los hechos investigados al tener lugar "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios", una operación en la que los comisionistas se habrían embolsado hasta seis millones de euros.
Así lo expresa en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez de Instrucción número 47 de Madrid acuerda procedente tener por personado como acusación particular al Ayuntamiento de Madrid por ser perjudicado de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Del mismo modo, acuerda aceptar la personación como acción popular del PSOE y del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Podemos, ya que "los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de Covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".
