MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas, anunció hoy que el PSOE ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza de gestión y control de las licencias de actividades del Ayuntamiento de Madrid porque "institucionaliza" el escándalo conocido por 'Guateque' y "no solventa el caos y el retraso que existe en el Ayuntamiento con las licencias de actividades".
En ese sentido, el portavoz socialista planteó que "la solución a la lamentable situación actual respecto a las licencias pasa por incrementar el volumen de recursos humanos y materiales dedicados a su gestión y control y por una adecuada colaboración con los colegios profesionales, no por la privatización del servicio".
Además, Lucas señaló que el PSOE presenta el recurso porque "considera que la ordenanza puede ser ilegal por contradecir, obviar o sustituir leyes".
Las razones jurídicas en las que se basa el recurso del grupo socialista son que la potestad normativa municipal ejercida a través de esta Ordenanza no respeta el principio de reserva de Ley, dado que ni en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM) ni en la Ley del Suelo estatal, actualmente vigentes, se contempla la intervención de entidades privadas en el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas.
"En la LSCM no sólo no se contempla esta intervención, sino que en los trámites de aprobación de la misma fue expresamente eliminada del texto inicial en el que figuraba, por su dudosa legalidad", señala el PSOE.
Además, el PSOE apunta que la intervención de entidades privadas en la gestión de las licencias es una imposibilidad legal. "Debe tenerse muy claro que no estamos hablando de un servicio que se privatice con más o menos oposición en contra, se trata de funciones públicas de autoridad que son irrenunciables para la administración y cuyo ejercicio público no puede excepcionarse sin que un norma con rango de ley lo permita, y desde luego la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no habilita para que el ejercicio de estas funciones públicas se lleven a cabo por entidades", añade.
El artículo 157,2,1° b) de la LSCM exige la emisión de un informe técnico municipal para el procedimiento de otorgamiento de licencias y la Ordenanza saltándose tal exigencia legal, elimina tal informe que ha de emitirse por los servicios municipales y que queda sustituido por el certificado de conformidad de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas, sin que el artificio jurídico con el que se pretende cubrir tal sustitución tenga consistencia legal.
Por otra parte, plantea que la Ordenanza hace trampas con los plazos de los procedimientos que establece la Ley del Suelo, señalando que el procedimiento empieza cuando se presente ante el Ayuntamiento el certificado de conformidad, pero antes de su consecución habrán trascurrido ya dos meses en el mejor de los casos, si la entidad colaboradora da el certificado. Y en el peor de los casos, si no lo concede, más de tres meses y medio tras largo periplo de reclamaciones y recursos, sin que se entienda comenzado el procedimiento según la Ordenanza.
Asimismo, el PSOE considera que también vulnera la Ley General tributaria y el Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales. Así, en cuanto a cómo va a compensarse el gasto que el solicitante de licencia tiene que hacer para obtener el certificado de conformidad, parece (la redacción produce absoluta inseguridad) que se eliminará o reducirá el importe de la tasa o del impuesto. "Si de la confusa redacción puede extraerse la conclusión de que se va a conceder una exención de pago del ICIO a los solicitantes de licencias de actividad, no está en la competencia municipal dicha regulación pues existe reserva de Ley independientemente de que el impuesto sea potestativo", manifiesta.
Si lo que ha de suceder es la desaparición del Impuesto, la pérdida de ingresos en las arcas municipales tanto por las licencias de actividad, será significativa. Sobre ello, apuntan los socialistas, no se ha pronunciado la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, que ha de intervenir y emitir informe de todos los actos, documentos y expedientes de la Administración Municipal y de todas las Entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica.
