El PSOE sostiene que la sentencia sobre Funeraria ratifica que la venta "se hizo de forma delictiva"

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, afirmó hoy, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Funeraria', que ésta viene a ratificar que la venta "se hizo de forma delictiva".

La sentencia confirma la pena de dos años de inhabilitación para el ex primer teniente de alcalde de Madrid, Luis María Huete, por prevaricación en la privatización de la funeraria municipal, además de condenar a dos multas por tráfico de influencias --una por importe de 3,7 millones de euros y otra de 601 euros-- al ex presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo Fernández, junto a otra, también de 601 euros, por prevaricación.

Para Lucas, la decisión del Supremo pone de manifiesto que en la venta de la empresa "se cometió un delito de prevaricación, por el cual se confirma la condena al antiguo primer teniente de alcalde de Álvarez del Manzano, Luis María Huete, y se condena a José Ignacio Rodrigo Fernández como cómplice de prevariación y como autor de otro delito consumado de tráfico de influencias". Este último caso, como recordó Lucas, es consecuencia directa del recurso interpuesto por el Grupo Socialista.

Desde el PSOE municipal subrayan que, como expone la sentencia, "si el Ayuntamiento hubiera hecho la reclamación de responsabilidad civil posiblemente, conocidas las penas, hubiera conseguido esa indemnización" ya que los grupos municipales no estaban legitimados para realizarla.

Es por eso que el portavoz socialista considera "incomprensible" que el Gobierno municipal del PP "no lo hiciera y no abriera la posibilidad de conseguir esa indemnización". "Con esto se perdió la oportunidad en su momento de que los ciudadanos de Madrid recuperaran parte de los ingresos que esta venta fraudulenta impidió", argumentó.

Los socialistas ya anuncian que solicitarán al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de reclamar la indemnización por responsabilidad civil tras la sentencia para, de esa manera, exigir los perjuicios sufridos por el Consistorio capitalino.