El reparto de menores migrantes enfrenta al Gobierno central y a la Comunidad en el inicio del curso político

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas se ha situado en el centro de la disputa política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en este inicio de curso político.

La aceleración de los trámites por parte del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, que el martes aprobó en Consejo de Ministros el real decreto que establece la capacidad de acogida de cada autonomía y permite declarar la contingencia migratoria en aquellos territorios donde se supere la capacidad de acogida, ha tenido como respuesta un tercer recurso judicial presentado por el Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso, en este caso al Tribunal Supremo (TS), que se añade a los presentados en meses anteriores tanto al propio TS como al Tribunal Constitucional (TC).

El real decreto establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, siendo Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325) las de mayor volumen, y detalla que, cuando una autonomía alcance la situación de contingencia migratoria extraordinaria, es decir, cuando triplique su capacidad ordinaria de acogida, podrá solicitar la redistribución de los menores migrantes entre el resto del territorio.

El Gobierno central ya anunció también hace unos meses cuántos menores migrantes tendrían que acoger cada una de las autonomías, en función de parámetros como la población, la riqueza y el esfuerzo de acogida realizado durante los últimos años. De este modo, Andalucía recibirá a 677 menores; la Comunidad de Madrid, 647; y la Comunidad Valenciana, 571; mientras que el País Vasco y Cataluña quedarían fuera del reparto, aunque la segunda de ellas anunció que acogería a 31 de manera voluntaria.

DIFERENCIAS EN EL REPARTO ENTRE COMUNIDADES

Una distribución que desde la Comunidad de Madrid llevan meses calificando de "opaca, discriminatoria y arbitraria". "Aboca a la desigualdad" entre comunidades autónomas e "infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones", señaló al respecto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, este miércoles.

También la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se pronunció este viernes acerca de esta cuestión y manifestó que "no hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad al País Vasco y Cataluña y mantener así a Sánchez en el poder".

En defensa de la equidad del reparto salió este jueves la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, que defendió que Cataluña y el País Vasco "tienen la capacidad ordinaria al doble de lo que les corresponde".

"Esto se ha ido acumulando de tal manera que Cataluña tiene el doble de su capacidad de ocupación y Madrid no. A mí me sorprende muchísimo que la comunidad más rica de España, la que hace alarde de acoger al 50% de los mil millonarios de nuestro país, sea incapaz de acoger a unos centenares de niños y niñas", criticó la dirigente de Más Madrid.

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, reprochó la actitud del Gobierno regional acerca de la acogida de menores y cargó contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"No puede ser que sea un problema acoger a menores africanos. No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos", lanzó López este viernes en declaraciones a los medios.

LA COMUNIDAD ARGUMENTA QUE LOS CENTROS ESTÁN "SATURADOS"

El segundo argumento esgrimido por el Gobierno de Ayuso es el de la "saturación de los centros". Aunque es una situación que también vienen denunciando desde hace meses, la consejera de Asuntos Sociales esgrimió este viernes que la cifra de "sobreocupación gira en torno al 130%-150% durante estos meses".

"Llevamos ya dos años, desde que vivimos esta crisis migratoria, hablando de la tensión y del colapso de nuestros centros", apuntó Dávila. Según fuentes de la Consejería que dirige, la red de protección de la Comunidad de Madrid atendió a 2.442 menores migrantes no acompañados en 2024 y a 1.331 hasta el 31 de julio de 2025.

RECURSOS JUDICIALES

Más allá de la "inequidad" entre autonomías y la "saturación" de los centros, el Gobierno regional considera que el reparto "es ilegal" y ha optado por llevar los decretos ante la justicia. El primer recurso se presentó en el Constitucional junto a otras 10 comunidades por el real decreto del 18 de marzo, ya que "invade competencias exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social y sin justificación de urgencia", según el Ejecutivo autonómico.

El segundo lo presentó el Ejecutivo de Ayuso en solitario el pasado 30 de julio ante el Supremo contra la normativa aprobada el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia del migrante no acompañado desde Canarias.

Por último, el tercero se presentará ante el TS en los próximos días por el real decreto aprobado este martes por "vulnerar de nuevo competencias autonómicas", según García Martín.

Preguntada por si la Comunidad de Madrid rechazará la acogida de menores migrantes cuando empiecen las derivaciones entre comunidades autónomas, la consejera de Asuntos Sociales indicó este viernes que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley", pero matizó que hay que "mantener prudencia" hasta que la justicia se pronuncie.