Rivas asegura que "no existe ninguna posibilidad de que se legalicen las edificaciones ilegales"

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa (IU), ha asegurado este miércoles en un comunicado que "no existe ninguna posibilidad de que se legalice, en su término municipal, ninguna de las edificaciones ilegales que se han levantado durante estos años en la Cañada Real", con el objetivo de que "nadie albergue falsas expectativas sobre una opción futura de legalizar su vivienda".

El primer edil ripense se ha pronunciado así ante la perspectiva de que el Pleno de la Asamblea de Madrid apruebe el próximo 10 de marzo la Ley de la Cañada Real, que fija un plazo máximo de dos años para solucionar el problema social de la zona antes de que el Ejecutivo regional pueda disponer de los terrenos para su venta.

Tras anunciar esta misma semana que el Consistorio de Rivas está estudiando la posible inconstitucionalidad de la norma y su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), Masa ha recordado ahora que "el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) (del municipio) aprobado en 2004 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es meridianamente claro a este respecto".

"El terreno que era de dominio público y que hasta que se desafecte, tal y como marca el texto del anteproyecto de Ley de la Cañada Real, seguirá siendo vía pecuaria, está calificado como zona verde y espacio libre protegido", ha matizado.

Esto supone que "no se puede construir ni legalizar ninguna edificación en la Cañada Real que corresponde a Rivas". "Y desde una Administración pública como la nuestra vamos a hacer cumplir la ley. De eso nadie debe tener ni una sola duda", ha afirmado el concejal de Política Territorial, José Ramón Martínez Perea.

Además, Masa ha reconocido estar "muy preocupado" por el "clima negativo que genera la ruptura del consenso al que habían llegado las diferentes administraciones implicadas en la resolución del gravísimo problema social que representa la Cañada Social".

Por último, ha "animado" a los consistorios de Coslada y Madrid para que se unan a Rivas en "la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, en el caso en que ésta se apruebe en los términos anunciados", basándose en que el texto "vulnera el principio de autonomía que asiste a los ayuntamientos".

En este sentido, la delegada de Urbanismo y Vivienda de la capital, Pilar Martínez, ha avanzado este miércoles en declaraciones a la prensa que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posible inconstitucionalidad de la norma.