Ruz comprobará si hubo fallos en la tramitación de información remitida por la Comunidad de Madrid

Actualizado: viernes, 14 febrero 2014 16:59

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene previsto comprobar si se ha producido algún fallo en la tramitación de la información remitida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid sobre sus contratos con empresas de la trama 'Gürtel', han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Según refleja un informe recibido de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) fechado el pasado día 10, cuatro consejerías de las siete de la Comunidad de Madrid que contrataron la organización de actos con empresas de Correa no han remitido los datos solicitados. Este extremo ha sido desmentido este viernes por el consejero de Presidencia, Justicia del Gobierno regional, Salvador Victoria, que ha aclarado que se envió toda la documentación solicitada.

El Juzgado comprobará si ha habido errores en la transmisión de los escritos del gobierno madrileño a los inspectores IGAE antes de la elaboración de su informe y recopilará aquellos datos de los que no se haya dado cuenta para que sean incluidos en un nuevo informe ampliatorio, han agregado estas fuentes.

La IGAE indicaba al juez que las consejerías de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Sanidad, Educación, Juventud y Deporte y Economía y Hacienda no habían respondido a los requerimientos judiciales. Especifica que dos de estos cuatro organismos fueron los que gestionaron y contrataron con las empresas del grupo "un número más elevado de actos tramitados como contratos menores por razón de su cuantía".

El nuevo informe insiste en las conclusiones ya alcanzadas por la Intervención el pasado mes de julio y asegura que las empresas de Correa "fraccionaban el objeto de los contratos", correspondientes a 347 actos por los que se facturaron 8,7 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

"Los órganos de la Comunidad de Madrid gestionaban al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso de contratación", indica.

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