Sanidad formalizó 570.031 contratos menores en 2017 con un importe de 850 millones, según un informe de 'Audita Sanidad'

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad formalizó el año pasado un total de 570.031 contratos menores por un importe de 850,5 millones de euros, cantidad superior a los 642 millones que se adjudicaron mediante concursos públicos, según un informe elaborado por el colectivo 'Audita Sanidad'.

El estudio cuantifica que en 2017 se tramitaron aproximadamente 100.000 contratos más que los efectuados el ejercicio anterior (485.119) y 151 millones más que en 2016. Aparte, concentran el 57 por ciento del valor total de la contratación pública de la Consejería de Sanidad.

'Audita Sanidad' considera que se está haciendo un "uso y abuso" de estos contratos menores y está estudiando si el amplio volumen de este tipo de contratos tiene relación con prácticas de "fracionamiento" para "adjudicar a dedo" recursos públicos, pues en caso de ser así interpondría una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo han indicado en rueda de prensa los portavoces del colectivo, el médico José Luis Ruiz-Jiménez y el economista Vicente Losada, para desgranar los datos de este informe, elaborado a partir de los datos recopilados a través del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, 'Audita Sanidad' contabiliza un total de 1.695 contratos adjudicados a entidades privadas por una cuantía de 642 millones de euros, cifra inferior a los 703 millones de 2016. El mayor número de contratos asignados por concurso corresponde a la modalidad de suministros (88,6%) y la cuantía es de 380 millones de euros (59,2% del montante total).

Le siguen los contratos de servicios (147) por una cuantía de 185,6 millones de euros (29%). Destacan también los 62,2 millones en contratos de gestión de servicios públicos y los 13,6 millones en la modalidad de obras.

En los contratos de suministros el informe detecta que 10 empresas concentran 205 contratos adjudicados por valor de 170,5 millones (44,9% de la cantidad global en este concepto). Se tratan de compañías relacionadas con empresas multiservicios, farmacéuticas y compañías de tecnología sanitaria.

El ranking lo encabeza Clece (servicios de limpieza) con 69 millones de euros y en segundo lugar se sitúan diferentes empresas pertenecientes al grupo Roche, con 46,6 millones. Le sigue Garbialdi (servicios de limpieza) por 35,7 millones y en cuarto lugar la Fundación Instituto San José con 26 millones. Diferentes farmacéuticas y empresas englobadas por Indra completan el resto de puestos de dicho ranking.

Losada ha indicado que, en el caso de los contratos menores (figura pensada para contratar a empresas menores que no pueden competir en concursos públicos contra grandes corporaciones) también se repite "la misma foto) y recalca que grandes empresas concentran estas adjudicaciones sin publicidad.

En este sentido, el economista ha recalcado que esta situación apunta a "oligopolio" por parte de un grupo de empresas que acapara la gran mayoría de la contratación pública en sanidad.

La situación, a su juicio, tiene incidencia con la deuda pública generada, que se ha multiplicado por ocho desde el año 2000. En este sentido, el portavoz de 'Audita Sanidad' recalca que la Comunidad de Madrid destina 3.000 millones de euros a amortización de la deuda pública que podían destinarse a servicios públicos de no ser tan elevado el endeudamiento.

Además, critica la "infrafinanciación" del sistema sanitario público en Madrid con un gasto respecto al PIB regional inferior al 6 por ciento y "muy por debajo" de la media de los países europeos. Aparte, el volumen de las adjudicaciones muestra la "ideología" del Ejecutivo y su voluntad de "externalizar" servicios.

Frente a esta situación, 'Audita Sanidad' propone aumentar la transparencia en los procesos de compra y promover procesos participativos en este campo, además de la necesidad de presentar documentación suficiente para justificar el contrato.

También pide modificar la legislación para evitar que la contratación pública se concentre en pocas empresas, más evaluación del coste y beneficio conseguido con el contrato y modificar la actual normativa de utilización de los 'contratos menores' para establecer procesos sancionadores ante el "abuso" de esta fórmula.