Archivo - La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - RAFA ALBARRAN - Archivo
MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -
La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha contestado a la prensa sobre la investigación a dos altos cargos regionales que las denuncias previas por la atención en las residencias en la primera ola de Covid "han acabado de la misma manera".
"He visto las decenas de denuncias que se han interpuesto en ese sentido y todas han acabado de la misma manera, por lo tanto entiendo que en este caso también va a ser así", ha terminado, antes de participar en el acto institucional por el Día del Pueblo Gitano.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid --Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo-- durante la pandemia de Covid-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.
Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.