Vista general de la acampada en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). Vox ha presentado este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad d - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha denunciado los "incidentes graves" provocados por los acampados en la Puerta del Sol el pasado fin de semana, cuando rondaron a los agentes de Policía en la zona con palos y les obligaron a refugiarse en la propia Comisaría a la espera de refuerzos; al tiempo que ha incidido una vez más en que el campamento en la plaza representa un "flagrante incumplimiento del ordenamiento jurídico".
En declaraciones a la prensa, Sanz ha señalado que la actualización del requerimiento remitido a la Delegación del Gobierno para que tome medidas para levantar la acampada en Sol recoge ahora que los manifestantes están en posesión de palos y otros objetos contundentes, y refleja también los problemas de evacuación a los que se enfrentaría la estación de Metro y Cercanías de Sol, dos de los nodos "más importantes" de transporte en la ciudad.
Además, se recogen también las reclamaciones de los comerciantes, que en algunos casos están haciendo frente a una reducción del 80 y el 90% de sus ventas. "Se va acercando además el periodo navideño, que es cuando fundamentalmente tienen los mayores ingresos", ha añadido.
Al mismo tiempo, se están produciendo perjuicios para los vecinos y la normal convivencia de la ciudad por parte de "encapuchados" que han "privatizado" un espacio público en la capital y ahora deciden quién puede acceder al núcleo de la acampada. "Ya llegó el momento de que esa acampada se levante", ha aseverado.
POSIBLES ACCIONES LEGALES PARA QUE EL DELEGADO "CUMPLA CON SU DEBER"
En este sentido, Sanz ha insistido en que el Ayuntamiento viene advirtiendo al delegado del Gobierno, Francisco Martín, sobre la situación en Sol desde finales de septiembre, y que no descarta adoptar algún tipo de "acción legal" para que Martín "cumpla con su deber y deje de estar en esa inacción y en esa dejación de funciones".
Delegación del Gobierno cuenta con un plazo de un mes para responder al requerimiento presentado por el Ayuntamiento, al que más tarde se le han ido incorporando "ampliaciones de información" a medida que se van conociendo nuevas situaciones ante las que, consideran, debería actuar la Delegación.
"Es una obviedad que las conoce, esas situaciones de riesgo, de las evacuaciones, de la salubridad, también de orden público, por supuesto conoce, pero que no pueda decir en ningún caso que no tenía esa información", ha manifestado Sanz, que apunta a que si Martín se retrasase "un segundo" del plazo oficial para dar respuesta, el Ayuntamiento "acudirá a los tribunales".
