MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid --PP, PSOE, Podemos y Cs-- han firmado este miércoles el Pacto Social por el Sistema Público de Servicios Sociales, impulsado por la Marea Naranja y la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con el objetivo de reforzar la lucha contra las situaciones de desigualdad, exclusión y cronificación de la pobreza en la Comunidad de Madrid.
En concreto, los grupos parlamentarios firmantes se comprometen a modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para "blindar" los servicios sociales, según han expresado los firmantes durante la firma del pacto en la Asamblea de Madrid.
El documento plantea que se reconozca de forma explícita a la Comunidad de Madrid "la competencia de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución" de un sistema público de servicios sociales para la ciudadanía madrileña. Igualmente, insta a desarrollar la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
"Nos encontramos con un sistema público de servicios sociales muy debilitado que ha sido especialmente golpeado por las políticas de recortes en un contexto de crisis en el que debería haber sido especialmente fortalecido este sistema como un sistema de protección social fundamental para la cohesión social", ha señalado la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO de Madrid, Ana González, que ha explicado el contenido del pacto.
González ha hecho hincapié en que este acuerdo es "un punto de partida", ya que el objetivo es que los compromisos que incluye tengan su traslado a los programas electorales, considerando fundamental reforzar los servicios sociales "en términos de derecho", lo que pasa por la modificación del Estatuto de Autonomía y el desarrollo de la ley de servicios sociales, "una ley buena, una ley avanzada, pero que requiere urgentemente de un desarrollo reglamentario".
CARTA DE SERVICIOS
El pacto también plantea la creación de una "carta de servicios que desarrolle el carácter preventivo y comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente".
Asimismo, propone un "modelo unificado de centro de servicios sociales municipales", conforme a ratios de población e indicadores sociodemográficos, al tiempo que insta a potenciar los convenios de colaboración con las entidades locales, "con objeto de fortalecer la red de Atención Social Primaria de forma homogénea" en la región, bajo un criterio de cercanía a los vecinos.
Igualmente, apuesta por la cooperación con los Ayuntamientos para avanzar en la armonización de los aspectos legales y procedimentales de las Ayudas Económicas de Emergencia municipal, para cubrir las necesidades básicas, como alimentos y suministros, "garantizando los derechos vitales y poder mantener una vida digna".
RMI
Otro de los compromisos adquiridos por los grupos parlamentarios en virtud de este pacto es el de "garantizar la Renta Mínima de Inserción a la ciudadanía sin ningún tipo de ingresos, en su doble derecho, con una cuantía suficiente, una tramitación ágil y la simplificación de la documentación requerida y la garantía de acceso a los programas destinados a la inserción social y laboral de sus perceptores".
Asimismo, el pacto habla de reforzar la ley de dependencia con el objetivo prioritario de "eliminar las situaciones de desprotección y desatención derivadas de las listas de espera"; además de la necesidad de adaptar las nuevas leyes de Protección Jurídicas del Menor a la Comunidad de Madrid y reformar la estructura de protección con profesionales, reforzar la red de hogares y residencias, así como de familias acogedoras de emergencia y temporales para los menores entre cero y seis años.
Todo ello debe desarrollarse con la participación directa de la sociedad civil, para lo que se plantea recuperar el Consejo Regional de Servicios Sociales, y garantizando la calidad en el empleo de los trabajadores de atención social, según el acuerdo ratificado por todos los grupos parlamentarios.
La portavoz de Políticas Sociales del PP, Anka Moldovan, ha reafirmado el compromiso de su grupo parlamentario por "mejorar la sociedad madrileña" y ha señalado que el interés de los Gobiernos del PP por los más vulnerables se pone de manifiesto en que 9 de cada 10 euros de los presupuestos se destinan a políticas sociales.
La portavoz del PSOE, Josefa Navarro, ha asegurado que su partido ya asumió estos compromisos en sus anteriores programas electorales y que los mantiene de cara a las próximas elecciones, al tiempo que ha destacado la importancia de reforzar el sistema público de servicios sociales y de las reformas normativas que se plantean
Desde Podemos, Raúl Camargo ha subrayado que el acuerdo "es un buen punto de partida que establece requisitos mínimos que no se han cumplido hasta ahora, durante esta legislatura y las anteriores", por lo que ha dicho que les parece bien que PP y Cs lo suscriban "pero lo importante es que lo cumplan".
Por parte de Cs, Alberto Reyero ha subrayado que el pacto se concreta en una serie de medidas con las que están "absolutamente de acuerdo" y que la Comunidad de Madrid "necesita para recuperar el lugar que le pertenece por riqueza y por innovación en las políticas sociales".
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes son el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Colegio Profesional de Educadores Sociales, CCOO, Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, EADN Madrid, Foro Servisocial Madrid, EISM y Urge Parla.
El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha calificado la firma del pacto como "un acto importante" y "muy satisfactorio", y ha destacado la necesidad de dar la vuelta a una situación en la que Madrid, siendo la región más rica, tiene niveles de pobreza por encima de las regiones más pobres.
