MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores y delegados sindicales de Madrid Salud comienzan este viernes, sobre las 16 horas, un encierro indefinido en la Parroquia San Carlos Borromeo para pedir al Gobierno regional que no proceda al cierre del Instituto de Adicciones de Madrid y para reclamar la apertura de una "negociación justa" sobre los recortes que afectan a los drogodependientes.
Así lo ha detallado a Europa Press el secretario general de UGT Madrid, Rubén Tejedor, quien ha alertado de que, de continuar estas políticas de recortes en drogadicción, "en vez de ver al Madrid de los Juegos Olímpicos, lo que verán los ciudadanos será la imagen del Madrid de los 80, con drogadictos consumiendo heroína en los parques".
En este sentido, Tejedor ha advertido de que si se produjese el cierre del Instituto de Adicciones de Madrid se originaría un "grave problema de inseguridad ciudadana". "No se entiende que quieran acabar con un modelo con 25 años de historia y que, tanto en prevención como en atención, es un referente a nivel nacional e internacional", ha apostillado.
Tejedor ha estimado que al encierro, dentro del que se realizará una asamblea a las 18 horas, acudirán alrededor de unas 50 ó 60 personas, aunque "no todas permanecerán todo el tiempo". "Reclamamos una mejor atención a los drogodependientes y no vamos a dañar nosotros eso", ha recalcado.
Con este objetivo, los trabajadores han establecido tres turnos de encierro. Las personas que trabajan por las mañanas (de 8 a 15.30 horas) acudirán a la Parroquia por la tarde y los que lo hagan por las tardes (de 13.30 a 20.30 horas) se encerrarán por las mañanas. El turno de encierro de noche será rotatorio.
UN CONFLICTO QUE "VIENE DE LARGO"
Tejedor ha indicado que el "tema viene de largo" y ha estimado que el conflicto comenzó hace un año y medio, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional se plantearon negociar "de manera oculta" el traspaso de competencias que consideran duplicadas. "A partir de entonces las ofensivas han sido continuas", ha apostillado.
De esta forma, Tejedor ha recordado que las Administraciones no renovaron los acuerdos que mantenían con empresas u organismos privados dedicados a la atención de drogodependientes, lo que desembocó en el cierre de algunos Centros Concertados de Atención a Drogodependientes (CCAD).
Estas instalaciones, que dejaron de funcionar el 31 de diciembre, son el centro de tratamiento y diagnóstico (CTD) de calle Antonio López (Usera), que gestiona Proyecto Hombre, y los centros de atención integral (CAID) situados en Doctor Santero (Tetuán) y la avenida de Moratalaz (Moratalaz), responsabilidad de Cruz Roja.
Además, Tejero ha indicado que en La Ley de Presupuestos y a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid se fija que los trabajadores interinos no pueden incorporarse al cuerpo administrativo de la Comunidad de Madrid.
"Esto desembocará en que los 212 trabajadores que trabajan en los CADs y que, en su mayoría son personal eventual, no podrán incorporarse a la Administración de la Comunidad cuando se produzca el traslado de competencias", ha explicado Tejedor, que ha señalado que la reducción de plantilla "dañará la atención a los drogodependientes".
EL ENCIERRO DE HOY CUENTA CON PRECEDENTES
Tejedor ha indicado que han elegido para encerrarse la Parroquia San Carlos Borromeo, situada en Entrevías, porque la consideran un sitio "neutral" del que esperan no ser desalojados, tal y como aseguran que les ocurrió en anteriores encierros en diversos Centros de Atención a Drogodependientes (CAD).
En concreto, Tejedor ha precisado que los trabajadores de estos centros se encerraron el 30 de diciembre en el CAD del distrito de Villaverde, situado en la calle Verde Viento, el 7 de diciembre en el CAD de la Latina, en la Calle Camarena; así como el CAD de Arganzuela, en Paseo de la Chopera, el 21 de diciembre.
Allí los trabajadores permanecieron alrededor de 4 horas hasta que la Policía Municipal les desalojó con una orden del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. En ella y según Tejedor, se indicaba que los trabajadores no podían permanecer en los CADs después de su cierre y se les advertía que, de hacerlo, se exponían a la apertura de un expediente disciplinario o de multas por ocupación de un edificio público.
Por último, los trabajadores ya se encerraron en la conocida como 'parroquia roja' de Entrevías para denunciar la clausura de centros de atención a drogodependientes (CAD) y apoyar las movilizaciones contra las privatizaciones sanitarias el 20 de diciembre.