Se refiere a la concesión de una Licencia de Primera Ocupación para una vivienda de la urbanización Soto de Viñuelas
TRES CANTOS, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
A raíz del auto dictado por el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid para abrir juicio oral contra la alcaldesa de Tres Cantos, María de la Poza, y dos miembros de su equipo de Gobierno por un posible delito contra la ordenación del territorio en relación con el denominado caso Mistral 2000, la Alcaldía emitió un comunicado en el que manifiesta que "sólo la insistencia de los concejales del PSOE ha provocado que este asunto llegue a juicio".
"Y no hay ninguna duda legal de que terminará con la absolución libre de los acusados", se añadió desde el gabinete de De la Poza, perteneciente al partido Tres Cantos Unidos (TCU).
El Gobierno municipal acusó a los concejales del PSOE en el municipio de hacer una "descarada instrumentalización" de la Justicia y de "tratar de ganar en los Juzgados, sin ninguna justificación, lo que no han ganado ni en las urnas ni en el debate ciudadano".
Asimismo, se advirtió que "la actitud de los concejales del PSOE es tanto más censurable por cuanto saben que en el anterior Planeamiento había un agravio comparativo entre Soto de Viñuelas y el resto de los barrios de la población, de modo que allí computaban como edificabilidad sótanos y espacios bajo cubierta que no lo hacían en el resto de la ciudad".
"Ni los concejales del PSOE ni nadie, en ninguna de las revisiones del Planeamiento ni en ninguno de los trabajos previos, se opuso a resolver ese agravio comparativo", agregó el Ejecutivo local, para el que "aprovechar la circunstancia de que estas licencias de primera ocupación se otorgaron cuando el nuevo Planeamiento sólo estaba aprobado inicialmente demuestra que lo único que les interesa a los concejales del PSOE denunciantes es montar una apariencia de juicio para usarlo política y mediáticamente, porque, en cuanto al fondo de la cuestión, no tienen, ni han tenido nunca, ninguna razón".
ANTECEDENTES DEL CASO
En el comunicado difundido por la Alcaldía se explica que el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid ha fijado juicio oral para el 28 de noviembre por un presunto delito contra la ordenación del territorio que se le imputa a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos, de la que formaban parte, en diciembre de 2001, la actual alcaldesa y cinco concejales de los que, actualmente, sólo se mantienen en sus cargos dos de ellos.
"Se celebra juicio por una licencia de primera ocupación, por insistencia del Grupo Municipal Socialista y en contra del criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicita la absolución. El caso, aunque se acusa por los concejales del PSOE de un delito contra la ordenación del territorio, se refiere únicamente a la concesión de una Licencia de Primera Ocupación para una vivienda de la urbanización Soto de Viñuelas que estaba construida y habitada desde 1991", se asegura desde el Gobierno municipal.
Se indicó que, con arreglo a las normas urbanísticas vigentes en 1991, la vivienda tenía construidas unas dependencias bajo tierra, en los sótanos, que resultaban ilegales y, por esa razón, se denegó durante años la licencia de uso.
Pero al estar a punto de aprobarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, esas construcciones pasaban a quedar legalizadas y, por eso, se concedió la licencia de primera ocupación. Además, la vivienda cumplía, en aquel momento, todos los requisitos reglamentarios para obtener la licencia de primera ocupación, dado que se daban los tres únicos requisitos que para concederla establece el artículo 21.2 d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. El Ministerio Fiscal lleva años solicitando el archivo de las actuaciones y ahora, en el juicio, pide la libre absolución.
Desde la Alcaldía se advierte que el caso es "idéntico" al que derivó en la absolución del entonces concejal de Urbanismo de Tres Cantos por parte del Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid, en sentencia absolutoria confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en mayo de 2005. Entonces, el edil también había sido acusado, como uno de los miembros de la Comisión de Gobierno implicada, por conceder en fecha cercana a la licencia que ahora se va a juzgar otra, también de primera ocupación, para otra vivienda de Soto de Viñuelas con excesos constructivos según el Planeamiento anterior, pero atendiendo a las mismas razones que en este caso: legalización inminente de la obra por la aprobación definitiva del nuevo PGOU y cumplimiento perfecto de todos los requisitos del artículo 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
