Tribunal de Cuentas abre investigación tras la denuncia de presuntas irregularidades en contratos menores de Sanidad

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una acción pública sobre los contratos menores realizados por la Consejería de Sanidad tras la denuncia ante presuntas irregularidades interpuesta por el colectivo Audita Sanidad.

En una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sala establece que se analizará la documentación abortada en relación "a la presunta existencia de irregularidades en la contratación de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid".

Además, se abre un plazo para que los denunciantes manifiesten si quieren personarse en las actuaciones a desarrollar, ejerciendo la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable recogida en el artículo 56 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, algo que ya han comunicado.

También se recoge la posibilidad de interponer recurso de reposición ante la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de junio, el colectivo Audita Sanidad presentó una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los responsables de la mayor parte de los hospitales madrileños por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude por "fuertes evidencias de fraccionamiento" en numerosos contratos menores firmados en el año 2016 por la Consejería de Sanidad.

El estudio elaborado por el colectivo, incorporado a la denuncia, estipula que en el año 2016 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmó un total de 486.562 contratos por 1.402 millones de euros.

De ellos, 1.443 fueron adjudicados por licitación pública. El resto, 485.119 (el 99,7% del total), fueron contratos menores, por un importe de 632 millones de euros (sin IVA), lo que representa el 49,8 por ciento del valor total de los contratos.

Apuntaba que de la revisión de los contratos menores efectuados a empresas proveedoras de diferentes servicios y suministros, ha hallado "claros indicios de fraccionamiento" en muchos de ellos, hecho prohibido por la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público, en vigor en el año 2016.

Los denunciantes consideraban que se está haciendo un "uso y abuso" de estos contratos menores y está estudiando si el amplio volumen de este tipo de contratos tiene relación con prácticas de "fraccionamiento" para "adjudicar a dedo" recursos públicos.

Audita Sanidad prosigue con su análisis de los contratos menores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que en el año 2017 alcanzaron un total de 570.031 contratos menores, con un valor, sin IVA, de 772 millones de euros.