Tribunales.- Un testigo asegura que hubo "dejación" del Ayuntamiento para mantener el monopolio de la funeraria

Pedro Esteban de Diego, administrador de una de las tres empresas que concurrieron al concurso de adjudicación del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, aseguró hoy, en el juicio por el 'caso Funeraria', que hubo "dejación" del Gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano con el fin de mantener el monopolio de la funeraria municipal, al no aplicar la ordenanza municipal que regulaba esta materia.

De Diego, responsable de la sociedad Fincas Navacerrada, relató a la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña que mantuvo tres reuniones "informales" en el Ayuntamiento previas a la participación de la empresa al concurso de adjudicación, en las que el actual presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, por aquellas fechas asesor jurídico del Consistorio, tenía "la voz cantante" porque "sólo hablaba él".

Durante esas conversaciones, el testigo preguntó al ex concejal de Sanidad Simón Viñals y al ex gerente de la Empresa Mixta Francisco José Yáñez por qué no se aplicaba la ordenanza que regulaba el monopolio, a lo que estos respondieron que "no estaba en su mano". A pesar de ello, según dijo, el Ayuntamiento contrató a Rodrigo para que estudiase la fórmula para que el monopolio no se extinguiera.

Asimismo, el administrador de Fincas Navacerrada apuntó que en una de esas charlas Rodrigo le aconsejó que "sería desmesurado" el incluir en la oferta que se presentaría al concurso la gestión de la funeraria municipal, a pesar de que la de Funespaña exigía asumir la gestión de la Empresa Mixta.

Sobre la oferta de Funespaña, De Diego manifestó que le pareció "lo más razonable" que resultara la adjudicataria del 49% de las participaciones, teniendo en cuenta que ofrecía "una cantidad (4.000 millones de pesetas) superior" a la que Fincas Navacerrada incluyó en la suya.

RODRIGO: "DOBLE CONDICIÓN"

Meses antes de la venta de las acciones a Funespaña, Rodrigo asesoraba y llevaba la dirección letrada de la Empresa Mixta, lo que le permitió "tener acceso directo e información de primera mano acerca de la situación jurídica y económica, así como sus posibilidades comerciales".

Según el fiscal, Rodrigó ocultó su "doble condición", de asesor del Ayuntamiento y beneficiario de Funespaña, a través de varias sociedades instrumentales controladas por él. Así, pactó con Juan Antonio Valdivia que él pondría el dinero de la ampliación para "lograr una importante participación en el capital social que debía de permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".

La Fiscalía de Madrid sostiene en su escrito de acusación que los concejales populares imputados, entre los que figura también Antonio Moreno, permanecieron "impasibles cuando Funespaña, la beneficiaria del concurso, nombró inmediatamente después de la adjudicación al asesor José Ignacio Rodrigo como consejero de la propia Empresa Mixta".